Diez años después de aprobarse la ley, comienzan a desatascarse las ayudas para los dependientes moderados. El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) está empezando a normalizar el abono de las prestaciones y servicios a los dependientes reconocidos con grado I, cuya incorporación al sistema se retrasó cuatro años, de enero de 2012 a julio de 2015, debido a los recortes aplicados por el Gobierno central para cumplir los objetivos de déficit.
Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, en estos momentos el 37% de los dependientes leves afectados por el parón están recibiendo la prestación o cuantía económica a la que tienen derecho. Son en total 3.128, cifra a la que hay que sumar otros 1.516 expedientes en fase de tramitación. No obstante, en el cajón quedan todavía por resolver 3.579 solicitudes que al margen del suspenso de la ley, acumulan ya más de un año de retraso.
«Estamos haciendo un gran esfuerzo, con escasa ayuda financiera del Gobierno de España, para que estas personas recuperen sus derechos», explica el Sepad, que cifra en un 82% la aportación autonómica para la financiación de la ley, frente al 18% de los fondos estatales.
De acuerdo a los datos ofrecidos por el anterior gobierno, en junio de 2015 había en Extremadura 10.495 dependientes valorados con grado I. El PP siempre ha defendido que dejó asegurados los fondos para que estas personas empezaran a recibir sus ayudas de forma inminente, pero el departamento que dirige José María Vergeles sostiene que tras el cambio de gobierno se encontró «un sistema colapsado» y «limitaciones muy importantes» para culminar la integración, lo que hizo necesario incluso dotar con más personal a las plantillas de los equipos evaluadores.
DATOS ACTUALIZADOS / Según explica el Sepad, «una actualización y puesta al día de los datos» que se hizo en noviembre del 2015 teniendo en cuenta las bajas, modificaciones de grado por empeoramiento o mejoría, las personas atendidas pero no incorporadas al sistema o los solicitantes que ya contaban con su Programa Individual de Atención (PIA), rebajó a 8.268 los dependientes valorados en la región con grado I.
De estos, 2.746 cursaron su solicitud entre 2007 y 2010 y el resto (el 68% del total) lo hicieron entre 2011 y 2015, cuando la ley ya estaba paralizada. A fecha de octubre de 2016 se habían resuelto 3.128 expedientes, el 37% del total, mientras que 1.516 estaban en fase de tramitación (había 667 PIA aceptados por la familia y en espera de resolución, otros 667 pendientes de recibir el visto bueno de la familia y 227 en fase de negociación). Por tanto, quedan aún por resolver 3.579 solicitudes, cifra a la que habría que sumar las nuevas peticiones que se hayan cursado desde noviembre del 2015 y sobre las que la consejería no aporta datos.
No obstante, el Ejecutivo sí detalla que los expedientes con más retraso son los que están pendientes de estudio económico (se inicia después de obtener la valoración de grado, antes de elaborar el PIA, y en él se establece qué cuantía se le dará al usuario en función de su capacidad económica), que son 217 correspondientes a la primera fase de solicitudes y 1.928 de la segunda. En algunos casos, por tanto, el tiempo de espera puede incluso alcanzar los nueve años.
«El Sepad seguirá trabajando para resolver la situación de los dependientes moderados», insiste la consejería, que recuerda que fue el gobierno central quien «congeló» los derechos de los dependientes leves «bloqueando el procedimiento y dejando la ley en suspenso para este colectivo» desde enero del 2012 hasta julio del 2015 alegando razones de estabilidad presupuestaria.
La consejería destaca también que en estos momentos, con una cofinanciación del 82%, Extremadura es la segunda región que más aporta a la dependencia. Además, cifra en 65 millones el recorte aplicado por el Gobierno en esta materia en la comunidad en los últimos cinco años.
