El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, en Junta Local de Gobierno, ha aprobado una resolución en la que contempla la posibilidad de que el consistorio abra expedientes de expropiación forzosa del uso de aquellas viviendas sometidas a un expediente de desahucio por una entidad bancaria. Dicha resolución se llevará al próximo pleno para su ratificación. Para ello, la administración local cuando se cumplan las condiciones de la propia resolución, declarará de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social inmersas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del uso de la vivienda.

Esto sería por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente. De esta manera, el consistorio arroyano se convierte en el primero de Extremadura en aprobar este mecanismo de ayuda a las personas que han sido o puedan ser objeto de procedimientos de desahucios, siguiendo los pasos de la Junta de Andalucía. La ley de expropiación forzosa permite a los ayuntamientos expropiar bienes siempre que se declare su interés social. "Se trata de ayudar de manera digna a los posibles vecinos que atravesando graves situaciones económicas, estén en peligro de perder sus viviendas", afirmó el alcalde, Santos Jorna.

REACCIONES Esta decisión originó ayer ya las primeras reacciones desde el Gobierno regional. Concretamente, su presidente, José Antonio Monago, calificó la postura del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz de una "ocurrencia" y señaló además que "no hace falta tanto zapateado para resolver el tema de los desahucios". Monago reconoció desconocer si el ayuntamiento "tiene título jurídico para hacer una acción de este tipo" y transmitió un mensaje de tranquilidad a los vecinos asegurando que "pueden acudir al Gobierno de Extremadura que le resuelve el problema en veinticuatro horas".

Monago cuestionó nuevamente la medida andaluza sobre los desahucios e insistió en que en Extremadura no va a hacer falta aplicar esta medida porque "aquí gracias a un Gobierno serio no existe ese problema", dijo. Finalmente, recordó que se ha planteado una moratoria de dos años para aquellos inquilinos de una vivienda social que no pueden hacer frente al pago del alquiler por circunstancias económicas sobrevenidas y que a aquellos que tengan suscrita una hipoteca con una entidad financiera privada e igualmente no puedan pagarla, se les ofrecerá una vivienda social.