La instrucción de esta causa, abierta hace un año, ha tenido ya para el acusado ciertas consecuencias, como ser separado de su puesto de trabajo y la reducción de su sueldo a la mitad; o la orden judicial de alejamiento de las tres denunciantes. Medidas judiciales y laborales estas a las que se suman las personales, los "importantes daños" causados a toda la familia, "pues estas acusaciones son tan graves que la gente te desprecia, te aparta y te mira como si fueras un depravado".

Es por ello que el abogado de Tomás P. solicita, junto a la petición de archivo de la causa, que queden sin efecto las medidas cautelares adoptadas y que se mantienen desde hace casi un año. Y no descarta, además, la reclamación de daños a, entre otros, el Ministerio de Justicia "por posibles errores judiciales"; o la Junta de Extremadura "por su persistencia en no restituirlo a su puesto de trabajo".