Extremadura es la comunidad autónoma española con un mayor número de armas per cápita. En total, a fecha de septiembre pasado, la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil (ICAE) tenía registradas 147.657 en la región, lo que supone que hay 13,6 por cada cien habitantes, más del doble que la media española, que es de 5,8. Castilla-La Mancha ocupa la segunda posición en el ranking, con 11,3 por cada cien habitantes, y Navarra el tercero, con 8,3, si bien, en números absolutos, es Andalucía la que aparece a la cabeza con 611.987. De este inventario quedan excluidas tanto las armas del Ejército y los cuerpos y fuerzas de seguridad —también las personales— como las de los profesionales de vigilancia y seguridad privados —quienes pueden llevarlas durante el servicio pero que luego quedan depositadas en su empresa.

En este sentido, la mayor parte de las armas consignadas en Extremadura se utilizan para la práctica de la caza mayor y menor o el tiro deportivo, con 121.090 escopetas, 17.971 rifles y 7.015 carabinas. Por contra, apenas aparecen 169 armas cortas incluidas dentro de la licencia tipo B, para la protección de particulares y cuya concesión está limitada a supuestos de especial riesgo. En todo el país no llegan a las ocho mil. «Esas licencias cada vez se restringen más», asegura Daniel Álvarez, responsable de Comunicación y Relaciones Exteriores de la Asociación Nacional del Arma (Anarma), que critica que su concesión sea «arbitraria». Se trata, precisa, de una licencia que tienen en su poder fundamentalmente armeros, joyeros y viajantes de joyería, colectivos que no siempre acceden a ella de una forma fácil. «Incluso a joyeros que han sufrido agresiones se les deniega una y otra vez», sostiene. El resto de residentes en España con este tipo de permiso, agrega, son «gente bien relacionada, de la farándula o deportistas», que obtienen la licencia «a dedo» a pesar de que España, recuerda, tiene «la legislación más dura de toda Europa», en materia de armas.

El inventario extremeño se completa con otros dispositivos mucho más inusuales, como las ballestas, de las que hay registradas 72 en Extremadura, o una treintena de armas de inyección anestésica. También hay algo menos de medio millar de armas antiguas o réplicas de estas que están en manos de coleccionistas. Más de la mitad son avancargas, aunque también se conservan unos pocos trabucos, arcabuces y mosquetones.

En cuanto al número de licencias para portar armas, en Extremadura hay concedidas 78.879. Más de dos tercios de ellas (54.465) son del tipo E, para caza menor y práctica del tiro deportivo. A continuación, con 21.345 autorizaciones, aparecen los permisos de clase D, para caza mayor. De las destinadas a personal de vigilancia y seguridad hay en vigor 705, por 183 de las que permiten el uso de pistolas a particulares (tipos C y B, respectivamente). Las utilizadas por socios de federaciones deportivas (tipo F) suman 425 y las de coleccionistas 162. Por último, hay concedidas 1.594 tarjetas europeas, un documento necesario para aquellos titulares de licencias que porten un arma de fuego con destino hacia otro país de la UE. A todas estas licencias habría que sumar las que necesitan el personal del Ejército y de los cuerpos y fuerzas de seguridad para tener armas particulares, que son unas 5.500 en las región. Respecto a los menores con autorización especial para el uso de armas, hay otorgadas más de trescientas.

DIRECTIVA DE LA UE/ Tras los atentados de París de hace un año, la Comisión Europea se propuso endurecer la directiva que regula las armas en la UE, con medidas que planteaban, entre otros aspectos, restringir los rifles semiautomáticos —empleados también en caza mayor— para los civiles o someter a un mayor control a los coleccionistas. «Es un despropósito y absurdo. Ningún terrorista va a una armería, se nutren del mercado negro», resalta el portavoz de Anarma. Aunque tras pasar por el Parlamento Europeo el planteamiento inicial se ha «descafeinado», Álvarez precisa que «el tema sigue abierto, con lo cual no se sabe cómo va a quedar», una vez que «la Comisión Europea sigue empeñada en prohibir». Además, lamenta que, junto con los de Francia y Alemania, «los representantes del Ministerio del Interior español en Bruselas están siendo «los más intransigentes y los que apuestan por más prohibiciones».