Un año y dos meses después de entrar en el Congreso de los Diputados, la reforma del Estatuto de Extremadura comenzará su tramitación parlamentaria. Lo hará el próximo miércoles tras sellar un acuerdo entre el PSOE y el PP, que soluciona los flecos pendientes hasta el momento. La propuesta de reforma del texto extremeño llegó a la Cámara Baja el 28 de septiembre del año pasado con el aval de socialistas y populares que dieron su visto bueno a la norma en la Asamblea autonómica el 10 de septiembre del 2009.

Los dos partidos pactaron un pequeño paquete de enmiendas al texto el pasado junio, que no modifican en los sustancial la propuesta, pero hubo un obstáculo mayor que bloqueó la negociación hasta ahora. La disposición adicional segunda del texto compromete al Estado a dedicar cada año a Extremadura una inversión complementaria equivalente al 1% del producto interior bruto regional --en torno a 180 millones de euros anuales-- hasta que el PIB por habitante de la comunidad se equipare al de la media española. Esta propuesta precisa de una "redacción adecuada", para ofrecer "un enfoque que pueda encajar en el Congreso, pero que no contradiga lo que ha salido de la Asamblea", comentaba el presidente del Parlamento regional, Juan Ramón Ferreira, hace poco más de un mes durante una reunión con el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra.

Ahora este escollo ya tiene solución tras el acuerdo entre PSOE y PP. Ambas formaciones han llegado a una "fórmula convincente", según fuentes parlamentarias, que no han especificado cómo quedará la redacción final de esta disposición adicional.

SIETE AÑOS DE INVERSION El secreto de esa fórmula podría ser el tiempo de permanencia de esa inversión complementaria para alcanzar el PIB nacional. En la reunión mantenida el pasado día 11 entre el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de los populares extremeños, José Antonio Monago, acordaron liquidar la inversión anual equivalente al 1% del PIB de la región durante solo siete años, el mismo periodo de referencia que aparece en otros estatutos, como el catalán y el andaluz, para la ejecución de inversiones de carácter adicional.

El acuerdo entre ambos refleja que transcurrido esos siete años se valorará el nivel de convergencia alcanzado por la región respecto al resto de comunidades y sino no se ha logrado la conversión del PIB extremeño con la media, se establece la posibilidad de que pueda haber otros instrumentos para conseguir la equiparación, instrumentos que tampoco se han detallado.

Superado este escollo, se reunirá la Ponencia de la Comisión Constitucional para concretar todas las enmiendas al texto. Después la tramitación pasará a la Comisión Constitucional, donde se debatirá y aprobará un dictamen que se elevará al Pleno del Congreso para su votación, en la que se requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara dado que el Estatuto tiene rango orgánico. Los grupos parlamentarios esperan que el Congreso culmine su labor antes de fin de año para que el Senado disponga del texto al inicio del próximo periodo de sesiones --en febrero-- y pueda tramitarlo antes de Semana Santa para su entrada en vigor antes de las autonómicas de mayo.