Más de la mitad de los municipios extremeños tienen su plan general obsoleto. Son las previsiones de la Junta de Extremadura, que prepara una nueva convocatoria de ayudas de hasta 53.000 euros para acompañar a los ayuntamientos que ya han iniciado el complejo proceso de actualizar su plan general. El objetivo es lograr «una sustitución paulatina que evite un excesivo envejecimiento del planeamiento», indican desde la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

El plan general es una herramienta clave en la implantación y regulación de las actividades económicas y empresariales. Pese a tratarse de una figura fundamental para la gestión local, la Junta calcula que en estos momentos hay 253 municipios que tienen su plan general obsoleto, ya que no los revisan desde hace más de 16 años. Si no cuentan con un plan general actualizado, los ayuntamientos tienen que recurrir a la Junta y «tomar todas las cautelas» a la hora de autorizar las actividades económicas y usos del suelo. Una problemática que afecta a cuestiones tan cotidianas como la construcción de naves y granjas agrícolas o aserraderos.

Todo el planeamiento de Extremadura debería haberse revisado a raíz de la aprobación de la Ley del Suelo del año 2001, pero no se hizo debido a los enormes plazos de tramitación y lo complejo del procedimiento, que obliga a pedir hasta 32 informes sectoriales diferentes. La Ley de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos buscaba poner fin a esta problemática reduciendo los plazos de tramitación «de siete u ocho años» a solo dos y permitiendo al Ejecutivo dar a los ayuntamientos apoyo técnico, jurídico y económico.

No obstante, la concesión de subvenciones para actualizar los planes ya se reguló en un decreto de 2017 y se lanzaron dos convocatorias (en 2017 y 2018) que agotaron el crédito disponible. En 2019 no fue posible una nueva edición por la necesidad de adecuar el texto a dos nuevas leyes autonómicas (la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible y la ley para una administración más ágil), y en 2020 se paralizó con motivo de la pandemia de covid-19.

Ahora, el departamento que dirige Begoña García Bernal está preparando una nueva línea de ayudas cuyas bases reguladoras se acaban de publicar en el portal de transparencia de la Junta para recibir alegaciones. Según la consejería, se trata de una línea de actuación «que se asume como imprescindible, habida cuenta de la limitación de los medios con los que cuentan muchos de los municipios».

El objetivo es «recuperar el funcionamiento normal de esta línea de colaboración con los ayuntamientos», adecuándola a los cambios normativos y sociales de los últimos años. La nueva convocatoria se destinará a los municipios que ya habían iniciado el proceso de revisión y cuyo plan general se haya aprobado inicialmente en el pleno municipal antes de la entrada en vigor de la ley urbanística sostenible de 2018. Como parte de esa «vuelta a la normalidad» y atendiendo a que no se realizaron convocatorias en los años 2019 y 2020, también se incluirán ayudas para cubrir los gastos que se hayan podido generar en este periodo.

Las cuantías a conceder varían en función de la población y del estado de tramitación del plan, aunque se moverán entre los 5.200 euros (menos de mil habitantes) y un máximo de 53.000 (entre 15.000 y 20.000 habitantes). Se estima que 123 municipios podrán acogerse a las ayudas. «Subvencionar una media de 21 planes al año se entiende como un grado de colaboración bastante alto», indican desde la consejería, que señalan que cerca del 90% de los planes que se redactan cuentan con alguna ayuda por parte de la Administración regional.