Conocido el auto final del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), hay una pregunta ahora en el aire: ¿qué es lo que realmente hay que derribar dentro del complejo Marina Isla de Valdecañas? El auto de la Sala de lo Cotencioso-Administrativo no entra en mucho detalle. Solo especifica que se debe demoler «todo lo que se encuentra en fase de estructura o no está terminado y en funcionamiento». Habla tanto del segundo hotel planificado (de cinco estrellas situado junto a la playa articial), cuyas obras están a medias, como el resto de viviendas que se iban a construir «deben ser demolidas y/o no construidas».
También hay que echar abajo las viviendas terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto, «salvo que por razones de colindancia pudiera afectar a la seguridad de otras viviendas», señala el auto. Pero más allá de estas, no ofrece datos concretos sobre el número de construcciones que se quedaron a medias y se deben empezar a demoler en un plazo máximo de seis meses (el tiempo que da a la Junta para acordar un plan de demolición y otro de revegetación).
«No sé ahora mismo si son seis, siete, ocho... están allí y habría que contarlas», señala el promotor del complejo, José María Gea, que no quiere entrar a valorar decisiones judiciales pero considera que «es de justicia que se mantenga lo que está hecho». Su objetivo ahora es que en la medida que puedan ayudar al desarrollo de la zona en los términos que marca el auto.
Tampoco tiene clara la respuesta el coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura, Ángel García Calle. «No está cuantificado en el auto y no sabemos exáctamente cuántas construcciones hay que derribar, eso se tendrá que ver en ese plan que tiene que hacer la Junta, pero su ejecución no va a ser fácil ni mucho menos. Dar una solución legal e ilegal al mismo tiempo y casarlo todo es muy complicado», apunta. Y duda también sobre los criterios concretos que se van a aplicar para determinar las edificaciones que se deben tirar.
En un simple paseo por la zona se pueden ver esqueletos de lo que habrían sido villas de lujo, pero también otros chalés que aparentemente están terminados, alguno con vallas o sin puertas. «No sabemos tampoco si esas que pueden parecer ya construidas tienen certificados de fin de obra o no. Y que estén vendidas no puede ser un condicionante, porque la promotora continuó vendiendo después de la primera sentencia de derribo», dice García Calle. A su juicio, todas las edificaciones posteriores al primer fallo del TSJEx que anuló el PIR, en el 2011, deberían ser demolidas». Hay que recordar que las obras no se paralizaron justo después de esa primera sentencia, fue posterior (de hecho en marzo del 2012 el TSJEx pidió una fianza de 41 millones para la paralización de las obras).
Las viviendas que se quedaron entonces a medias están en una parte de la urbanización distinta a las zonas que ocupan las tres comunidades de propietarios (norte, centro y sur) que ya existen y que se completaron al 100% en su día. «Estas tres comunidades están acabadas y en uso, no queda nada pendiente en esas zonas», señala el abogado Luis Díaz-Ambrona, que representa a dos de esas tres comunidades. El letrado entiende que lo que está totalmente terminado se queda en pie y lo que hay que demoler es lo que estaba en estructura, cimentación o recién empezado cuando se paralizó la obra. «La cuantificación estará en el plan de demolición junto a su coste».
«Lo ven como una derrota, pero ha sido un triunfo de las asociaciones ecologistas»
«Los propietarios siempre hemos confiado en una solución que no fuera la demolición de toda la isla. Es un proyecto ejemplar y hubiera sido una pena», señala Luis Díaz-Ambrona, abogado de la mayoría de los propietarios dentro de Isla de Valdecañas. Aunque dice que lo ideal habría sido poder terminar de construir el resto de las fases del proyecto, cree que con lo ya está hecho y con el plan de regeneración «quedará la isla como algo modélico en Extremadura, España y Europa».
Por eso considera que, aunque las organizaciones ecologistas hayan anunciado que recurrirán el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura porque no habrá una demolición total, es una victoria para ellos. «Lo han interpretado como si hubiera sido una derrota del ecologismo y yo lo veo todo lo contrario. Ha sido un triunfo de las asociaciones ecologistas. No ya por que les reconozcan 250.000 euros de indemnización a cada una, eso es absolutamente accesorio aunque sea una cantidad importante, sino porque no cabe duda de que toda la actividad que han desarrollado en relación con este complejo creo que va a marcar un antes y un después en lo que pueden ser promociones de esto en Extremadura. Las administraciones públicas se han concienciado mucho y cualquier actuación que se emprenda se hará con mucha cautela. Con esta resolución queda consolidado que se puede conciliar el desarrollo socioeconómico de Extremadura con el máximo respeto medioambiental», valora el letrado.
Y no confía mucho en que prospere el recurso. «Lo previsible es que el TSJEx no cambie su resolución tan fundamentada y en el Supremo desde el punto de vista técnico y jurídico es difícil que prospere un recurso de casación sobre la ejecución de una sentencia, aunque esa ejecución haya modificado la literalidad de la sentencia». Por eso cree que este será el último episodio del conflicto que se arrastra en los tribunales desde hace casi 13 años.
