El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Julio Márquez de Prado, remitirá una carta a los jueces que participaron en la junta autonómica del 21 de noviembre para comprobar si su asistencia a esa reunión repercutió en el "normal funcionamiento" de sus juzgados.
Según recoge la agencia Europa Press, Márquez de Prado explica que las misivas les llegarán a los 29 jueces titulares y a los tres sustitutos que estuvieron en la junta autonómica de Badajoz, en la que los presentes tomaron la decisión de convocar una jornada de huelga para el próximo 18 de febrero.
El objetivo es recabar información para averiguar si la celebración de la junta motivó la "suspensión" de vistas y juicios y, por consiguiente, influyó en la "tutela judicial de los ciudadanos". Una vez recabada la información, será remitida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano encargado, en su caso, de actuar en consecuencia, según precisa Márquez de Prado.
Además, Márquez de Prado explica que cuando las juntas de jueces son de ámbito autonómico, como la que tuvo lugar el 21 de noviembre en Badajoz, el artículo 60 de la Ley del Poder Judicial establece que esas reuniones deben ser comunicadas con anterioridad al presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, algo que no sucedió en Extremadura y de lo cual se ha informado al CGPJ.
El presidente del alto tribunal extremeño opina que los jueces "no tienen derecho a la huelga", puesto que sus derechos están limitados por tratarse de "un poder del Estado". "Al igual que no pueden sindicarse ni afiliarse políticamente tampoco pueden hacer huelga".
