"Toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de los genitales de un niño con fines primordialmente sexuales". Así se define, según la Convención de los Derechos del Niño, la pornografía infantil, uno de los tipos de delito más aberrantes y cuyos autores, desafortunadamente, están aprovechando el potencial de internet como medio de expansión. Lo que antes era un mercado accesible a muy pocos, hoy se encuentra casi al alcance de cualquiera, gracias a los programas que facilitan el intercambio de archivos a través de la web con el amparo, además, del relativo anonimato que esta proporciona.

Es por ello que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han organizado para combatir esta lacra. Es el caso de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional o el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Con estas unidades colaboran, cuando es necesario, los efectivos dedicados a la protección del menor en Extremadura (seis policías y 16 guardias civiles). Con ayuda en algunos casos de la colaboración ciudadana, desde el 2006 han detenido a casi una veintena de personas (sin contar el último caso) por posesión y distribución de pornografía infantil, según datos de la Delegación del Gobierno.

Delitos telemáticos y BIT

En concreto, se trata de ocho detenidos por la Policía Nacional entre el año pasado y lo que llevamos de este y nueve más (cuatro en Cáceres y cinco en Badajoz) arrestados por la Guardia Civil desde el 2006. Entre ambos cuerpos cuentan con 22 efectivos dedicados a la protección del menor en Extremadura, de los que seis son policías y el resto guardias civiles (siete en Cáceres y nueve en Badajoz).

En cuanto a la lucha contra la pornografía infantil en Extremadura, la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con presencia en la región se centra en la colaboración con los organismos especializados en este tipo de delincuencia a nivel nacional. Así, el grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil se encuadra dentro de las unidades que forman la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y se componen de especialistas destinados en dicha unidad, ubicada en Madrid. Este grupo se dedica al esclarecimiento de los delitos más graves y complicados de investigar que se cometen a través de redes informáticas o con medios telemáticos que requieran gran especialización.

Pero todas las Comandancias de la Guardia Civil, incluidas las de Cáceres y Badajoz, cuentan con personal de las unidades de Policía Judicial especializados en delitos tecnológicos, que se encargan de los casos de menor envergadura y pueden investigar dentro de sus posiblidades. La provincia cacereña cuenta con dos efectivos de este tipo y la pacense con uno.

Tampoco en el Cuerpo Nacional de Policía existen extremeños en la Brigada de Investigación Tecnológica, aunque se colabora puntualmente con este órgano. Además, existen funcionarios de la unidad de Delincuencia No Violenta que trabajan en estos casos. Durante el año pasado, la Policía de Extremadura participó en tres operaciones conjuntas efectuadas a nivel nacional, mientras que la Guardia Civil hizo lo propio en otras seis (tres en Cáceres y tres en Badajoz).

Cabe destacar la importancia de la colaboración social en este tipo de detenciones, ya que todas las investigaciones que, hasta ahora, ha llevado a cabo la Policía Nacional de Extremadura se han basado en las denuncias de los ciudadanos. También desde la Guardia Civil se destaca la importancia de este factor, que califican "gran utilidad", por la amplitud y complejidad de la red, que hace necesaria usar muchos recursos humanos. "Gracias a los ciudadanos es posible abarcar y obtener más información para así tener conocimiento de posibles faltas penales en la red".

Este fue el caso de la operación contra la pornografía infantil en internet Fotograma , de la que se dio noticia el pasado mes de julio. Desarrollada en la provincia de Badajoz, la denuncia de un vecino de San Vicente de Alcántara desembocó en la detención de 15 personas de varias comunidades españolas y la imputación de otras 14.