Las ayudas para sufragar los gastos de agua, luz y gas, conocidas como ‘mínimos vitales’, contarán con una partida de 157.500 euros, lo que supone un 36% más (42.300 euros) que este año. Una vez que la Junta ha notificado la cantidad que concederá a Mérida, la Delegación de Servicios Sociales está trabajando ya para que las prestaciones se puedan solicitar «cuanto antes», según explicaron ayer la portavoz municipal, Carmen Yáñez, y la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón.
Entre marzo y noviembre de este año han sido 640 las familias emeritenses que se han beneficiado de estas ayudas destinadas a garantizar unos mínimos de agua, luz y gas, siendo Mérida una de las ciudades extremeñas que más inversión ha ejecutado en ellas. De hecho, en la convocatoria pasada fue necesario incluso solicitar una ampliación de presupuesto de 38.000 euros a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para cubrir toda la demanda. En esta ocasión, como novedad, la Junta ha elevado el límite de ingresos para acceder a la prestación, de forma que podrán beneficiarse quienes cobren menos de 6.000 euros al año. Además, la cantidad que corresponda (entre 600 y 800 euros para todo el ejercicio) se abonará directamente a las compañías por parte de la Administración.
BALANCE / En su intervención, Yáñez destacó ayer que «para este equipo de Gobierno la prioridad son las personas, y sobre todo las que están en situación de especial vulnerabilidad». Como prueba de ello citó los más de 3,6 millones de euros que, en su conjunto, se han invertido a lo largo de 2017 en políticas sociales.
En esta cantidad, detalló, se incluyen los fondos propios del ayuntamiento, los que vienen de la Junta (como es el caso de los mínimos vitales) y los convenios y subvenciones que se firman con otras empresas y entidades. Con una media de 62 euros por persona, la portavoz reiteró que las políticas sociales son «una de las partes más importantes» del presupuesto municipal, pues en el único que se ha aprobado y prorrogado este año, de 44,3 millones, más del 52% de los fondos disponibles van a este área.
Por su parte, la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, puso de manifiesto el trabajo diario que se hace con las personas en riesgo de exclusión y consideró «bastante importante» que se haya mejorado la cercanía a ellas con la ampliación de las plantillas de trabajadoras en distintos planes. Algo que ha agilizado la tramitación «con atención inmediata sin listas de espera» y que se va a mantener en 2018.
