El decreto ley de medidas para reducir el déficit público aprobado por el Gobierno central no le va a sentar nada bien a las cuentas del Ayuntamiento de Mérida, uno de los más endeudados de Extremadura, con 48 millones de euros. La medida impulsada por el ejecutivo central afecta a los créditos a corto plazo, lo que significa que el consistorio emeritense deberá cancelar todas sus operaciones de tesorería, es decir, 8,7 millones de euros, antes de que acabe el año.

Y esto en un ayuntamiento sobre el que ya pesa un plan de saneamiento financiero y que ha visto reducido un 16% su presupuesto anual por la caída de los ingresos motivada por la crisis.

El alcalde, Angel Calle, ha expuesto la enorme dificultad que tendrá el ayuntamiento emeritense para hacer frente a esta medida, y se ha quejado de que las administraciones locales deban pagar de esta forma una crisis que los municipios no han provocado. No obstante acata la decisión del Gobierno central y asegura que el ayuntamiento hará "todos los esfuerzos" para cumplir con la medida.

"Haremos más recortes internos, controlaremos más el gasto", señaló ayer al ser preguntado por el asunto, aunque no detalló en qué partidas se producirán estos recortes. No obstante, Calle manifestó su intención de que la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos no se vean afectados.

La delegada de Hacienda, Mercedes Moyano, sostiene que la medida no modificará en líneas generales el presupuesto municipal, que se encuentra aprobado de forma provisional. Sobre las posibilidades que tienen las arcas municipales para hacer frente a la cancelación de créditos, manifiesta que el margen para reducir el gasto es muy pequeño, dadas las medidas ya tomadas, y más teniendo en cuenta la cantidad de la que se trata. Por ello, la opción más probable pasa por la venta de patrimonio municipal.