Mérida volverá a ser en 2017 una de las ciudades extremeñas que más invierta en el pago de los mínimos vitales, como ya ocurriera el pasado año. Así lo indicó ayer la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, quien informó de que más de 640 familias emeritenses se han beneficiado ya de esta prestación desde que el pasado mes de marzo diera comienzo su tramitación.

En este sentido, la edil explicó que por parte del Gobierno municipal se solicitó a la Junta de Extremadura una ampliación de la subvención recibida para hacer frente al pago de estas ayudas. Finamente, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, ha autorizado un aumento de 38.000 euros que se suman a los 115.200 euros que ya se habían concedido. De esta forma, la dotación para las ayudas de mínimos vitales de 2017 cuenta con un montante total de 153.200 euros, frente a los 115.000 euros que se destinaron en la pasada convocatoria.

La ampliación de la cuantía disponible por parte del consistorio está permitiendo continuar con la tramitación, que finalizará el próximo 30 de noviembre. Por ello, los solicitantes pueden acudir a los Servicios Sociales para informarse sobre esta ayuda que se destina al pago de la luz, el agua, el gas y el butano. «Animo a todas aquellas familias que aún no se hayan acogido a esta ayuda, y que estén pasando por una difícil situación, pues están a tiempo de solicitarla», manifestó.

Entre los datos aportados por la delegada del área, cabe señalar que desde que se iniciara la tramitación, se han recibido unas 1.400 solicitudes y se han resuelto en torno a 1.200, de las que el 86,5% tuvieron una resolución favorable. En este punto, Alarcón aclaró que las desfavorables se debieron principalmente porque los solicitantes superaban los ingresos mínimos para percibir esta prestación o porque no presentaron toda la documentación.

Para acceder a esta prestación, las facturas que presenten los demandantes deben ser no pagadas y pueden ser de años anteriores. En concreto, los gastos subvencionables son los de electricidad y gas natural, agua potable (excepto basura y alcantarillado), butano y los gastos de alta y reconexión en caso de interrupción del servicio por impago.

El perfil habitual de los solicitantes, según Alarcón, responde al de un matrimonio con dos o tres hijos que cobra el subsidio por desempleo o son perceptores de la renta básica. Otro perfil «bastante común» son las mujeres solteras, separadas o viudas que tienen cargas familiares.