El Ayuntamiento de Mérida anulará definitivamente la resolución para la creación de la Ciudad de los Mayores un proyecto que preveía construir la primera ciudad gerontológica de España.

La Junta Local de Gobierno acuerda hoy esta anulación, según informa el alcalde de Mérida, Pedro Acedo.

El proyecto de la Ciudad de los Mayores fue presentado en 2011 proyecto de la Ciudad de los Mayorespor el entonces alcalde socialista, Ángel Calle, y el presidente de la Asociación Nacional de Servicios Asistenciales a la Dependencia (ANSA), José Joaquín García, y proyectaba crear 5.000 plazas con una inversión durante ocho años de 400 millones de euros y la creación de más de 1.000 empleos fijos.

Acedo explica quelo ocurrido con este acuerdo ha sido una "tomadura de pelo" que ha llevado al consistorio de la ciudad a anular el convenio y añade que "dentro de la legalidad" se dará audiencia a las partes firmantes, ANSA, el ayuntamiento y el Gobierno extremeño, para que expliquen los motivos del "incumplimiento".

Así, reitera que ANSA "ha incumplido" el protocolo rubricado y cita como ejemplos la no apertura de oficinas comerciales para divulgar la iniciativa y la falta de presentación de un plan de viabilidad económica-financiera y documentación sobre el desarrollo de la idea, entre otras cuestiones.

"No han hecho nada de lo que prometieron", sentencia el alcalde de Mérida, quien acusa también a la oposición de "faltar a la verdad" al señalar que el proyecto se ha ido de la ciudad por culpa del ayuntamiento.

Así, destaca que el consistorio ha "respetado" el acuerdo porque no son "amigos de deshacer lo que otros hicieron", aunque afirma que la Ciudad de los Mayores fue una propuesta que "no se la creyó nadie".

Por otra parte, la Junta Local de Gobierno ha aprobado la incorporación a la misma de la teniente de alcalde, Raquel Bravo, y el concejal Daniel Serrano, quienes sustituyen a los exconsejeros Manuel Balastegui y Óscar Baselga, quienes ocupan ahora los cargos de asesor de la alcaldía y coordinador de relaciones institucionales, respectivamente.

Acedo reflexiona también sobre la sentencia que ha obligado al consistorio a entregar el arma a un policía local al que se le había retirado porque "estaba de baja y después se había incorporado" y ha señalado que las sentencias "hay que acatarlas pero son opinables".

Así, afirma que quizás el ayuntamiento no "hizo las cosas correctamente" y por eso subraya que ha estado de acuerdo con que se le entregara el arma al agente, ya que el procedimiento realizado por el consistorio "seguramente no sería el adecuado".

No obstante, se ha cuestionado si una persona que tenga un arma y una dificultad de cualquier tipo que le impida cogerla debe tenerla "sí o sí".