El Gobierno de Extremadura ha abierto desde julio hasta el 6 de septiembre, algunos comedores escolares para aquellos menores cuyas familias están atravesando dificultades económicas. Uno de ellos, el del colegio Dion Casio de Mérida, ha recibido a unos 50 chicos y chicas de menos de 13 años, que iban a comer y se llevaban a casa una bolsa con alimentos para la cena y el desayuno del día siguiente. Sin olvidar el preocupante dato de que un mínimo de 50 niños tan pequeños han de acudir a estos centros para algo tan básico como comer, queda patente que no es sólo comida lo que requieren.

Llama la atención que los dos monitores de Cáritas que les servían no podían contenerlos y presenciaron como arrancaban vallas o rompían cristales. No estamos hablando de una cuestión baladí, sino de una urgencia. Por desgracia, las leyes protegen la patria potestad de los padres incluso en situaciones extremas como esta, en la que obviamente se está privando a los menores de una educación cívica mínima. Por otro lado, creo fundamental que aquellos organismos públicos con competencias deben tomar cartas en el asunto para solucionar este problema ya. Primero porque estos niños se merecen poder tener una oportunidad y porque está claro que necesitan ayuda.

Si con esta edad destrozan el sitio donde les dan de comer, significa que no tienen respeto por nada y el día de mañana es muy probable, ojalá me equivocara, que sean los que destrocen las marquesinas de los autobuses, los bancos de los parques, papeleras, incluso monumentos históricos. Son carne de parados de larga duración, de solicitantes de viviendas sociales y de actividades ilícitas (sin ánimo de meter a todos los desempleados o que necesitan ayudas en un mismo saco). No creo que se merezcan eso y tampoco los que sí tuvimos una oportunidad y que pagaremos con nuestros impuestos su desgracia. Asegurar el bienestar de estos niños emeritenses debe ser una prioridad que debe atenderse ya.