Durante los tres primeros meses del año la policía ha detenido a 138 personas, de los que 93 fueron por la comisión de infracciones penales, en la mayoría robos, y 45 por estar reclamados por algún juzgado.

Así lo afirmó ayer la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, que presidió la Junta Local de Seguridad. La reunión se celebró en el ayuntamiento. Además del alcalde Pedro Acedo asistieron representantes de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.

Pereira indicó que la mayoría de los robos están relacionados con la droga. Así, se trata de sustracciones realizadas en el interior de los vehículos con el objetivo de conseguir dinero. Estos se caracterizan por no estar planificados, por la poca habilidad de los delincuentes a la hora de cometerlos y por la escasa rentabilidad, que les obliga a repetirlos.

También señaló que este incremento coincidió con la puesta en libertad de tres delincuentes, que ya han sido detenidos y enviados de nuevo a prisión.

LAS CIFRAS De acuerdo con los datos facilitados por Carmen Pereira, en lo que va de año se han cometido 1.029 infracciones penales, que van desde delitos hasta simples faltas, 59 más que en el mismo periodo de 2005.

Entre otras actuaciones, Pereira destacó que en los últimos meses se ha ejercido en la ciudad un mayor control de los menores en situación de riesgo, ha aumentado el número de patrullas uniformadas y no uniformadas en la barriada de San Lázaro para intentar eliminar los focos de venta de droga en esta zona y hay más investigaciones.

Por su parte, Pedro Acedo solicitó colaboración para evitar los excesos de velocidad que se registran en las principales travesías y avenidas de Mérida. Para erradicar esta práctica, demandó la instalación de radares en vías urbanas como la travesía de Cáceres o las avenidas de Reina Sofía, Juan Carlos I, Fernández López o la Libertad.

También se acordó poner en marcha el protocolo firmado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio del Interior en cuanto a colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la policía local para proteger a las mujeres víctimas de violencia doméstica.