La entidad pública empresarial de Suelo del Ministerio de Fomento (Sepes) ampliará el polígono industrial en una superficie de 450.000 metros cuadrados.
Este fue uno de los puntos del orden del día del pleno celebrado ayer en el ayuntamiento sobre la propuesta de aprobación y adjudicación la ampliación del polígono industrial, presentada por el equipo de gobierno. Salió adelante con los votos a favor de del grupo socialista y la abstención del popular.
La ampliación del polígono industrial pone en valor de nuevo el convenio firmado entre Sepes y el ayuntamiento en el año 2002, que quedó paralizado por un problema surgido en la urbanización de la zona. Fue rescatado el pasado año por el equipo de gobierno socialista, que modificó e impulsó el proyecto.
La actuación del Sepes supondrá disponer de más suelo urbanizado para la ubicación de actividades productivas, que contribuirán al fomento del desarrollo económico y la actividad empresarial de Mérida y su entorno.
La inversión pública prevista es de 9 millones de euros. La cifra incluye la adquisición de los terrenos, propiedad del ayuntamiento, por 2,8 millones de euros así como las obras de conexión a las redes exteriores de abastecimientos y vías de comunicación.
El terreno por donde se ampliará el solar da a la parte trasera de la ITV y de la gasolinera Mañero. Al proyecto se presentó una alegación de la empresa Prefabricados Leo, ya que en su unidad se contemplaba una subestación eléctrica. Fue aceptada y la subestación se instalará en una parcela próxima a la antigua ITV destinada a acoger infraestructuras.
Por otro lado, también se aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptarlo a la ordenanza de Usos Industriales. El objetivo era aumentar el tipo de fábricas que se pueden instalar en el polígono industrial El Prado, "a excepción de aquellas que se nocivas, insalubres y peligrosas", según explicó al concejala del Area de Urbanismo, Estrella Gordillo. En este punto el PP se abstuvo.
La concejala explicó que esta modificación es necesaria. Por ejemplo, explicó que sin ella no se le podría dar licencia de apertura a Carcesa, que tiene una provisional, "podría almacenar, pero no fabricar", manifestó Gordillo.
CIUDAD DEPORTIVA También salió adelante, aunque con los votos en contra del PP, la modificación de la ordenanza del precio público de las instalaciones deportivas, para incluir en la misma los de la ciudad deportiva.
Así, a la normativa se incorporan el precio de 17 actividades nuevas y el de los abonos, que son de tres tipos; para las piscinas, para el fitness y aerobic y otro que abarca todo. Los precios varían desde los 20 a los 50 euros.
Durante la discusión de este punto se produjo un agrio debate al llevar el concejal del PP, Juan Marrero, la discusión a la compra de la ciudad deportiva por parte del ayuntamiento, que fue cortado por el alcalde, Angel Calle, después de llamar al orden a la portavoz del PP, Pilar Vargas.
