El empresario Roberto Vázquez afirmó ayer que con la indemnización de 9,4 millones de euros que recibirá de Carcesa podría comprar esta factoría, que tiene centros de producción en Mérida, Montijo y Don Benito. Para llevar a cabo este proyecto, asegura que contará con otros empresarios y con cooperativas agrícolas de la zona. "Esto sería lo mejor que le podría pasar a esta empresa", afirmó.

Vázquez se defiende así de la campaña de presión que, a su juicio, lleva a cabo Carcesa, que ha mantenido reuniones con representantes políticos para advertirles que el pago de esta dinero pone en peligro los puestos de trabajo, ya que puede obligar a cerrar las factorías.

"Carcesa no está en riesgo de nada. Son tales los beneficios que obtiene con la nueva fábrica, que la indemnización establecida por los juzgados bajo ningún concepto va a poner en peligro los puestos de trabajo", aseguró Roberto Vázquez.

La citada empresa fue condenada el pasado mes de abril por el Juzgado de Primera Instancia de Mérida a pagar una indemnización de 9,4 millones a la empresa Extremadura 2.000 por el lucro cesante al no cumplir un convenio firmado con Vázquez.

El convenio, en el que también participaba el ayuntamiento, implicaba una serie de compromisos, entre ellos que el suelo donde se ubica Carcesa pasaba a ser residencial y Extremadura 2.000 levantaría, a cambio, una fábrica nueva en el polígono industrial. Como contrapartida, Vázquez podría construir viviendas una vez terminada la factoría. A última hora, Carcesa decidió prescindir de Extremadura 2.000 y firmó un nuevo contrato con otros empresarios.

LAS CONSENCUENCIAS Vázquez indicó: "Nos ha hecho un daño tremendo, ya que la sentencia sólo nos compensa un 10% de los beneficios que hubiéramos obtenidos con el tema de Carcesa. Así que los únicos que podríamos protestar somos nosotros".

Para el propietario de Extremadura 2.000, los únicos culpables de esta situación "son los representantes de Carcesa, que han actuado de manera irresponsable", subrayó.

El industrial apuntó que adquiera o no la industria, destinará el dinero de la sentencia "no para enriquecerme sino para crear más puestos de trabajo, algo que he hecho desde el principio, ya que de los 12 empleados con los que comencé, ahora tengo más de 350 personas".

Además, señaló que a los 9,4 millones que dicta el fallo judicial, que ha sido recurrido, habría que sumarles los intereses y las costas, por lo que la cuantía superaría los 10 millones.