Los técnicos de Urbanismo han iniciado los trámites para conceder una nueva licencia de primera ocupación a las 80 viviendas de la manzana R-2 del residencial Prointisa en Mérida. Este proceso comienza después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) haya ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Mérida, que el pasado mes de octubre anulaba la concesión emitida por el ayuntamiento en 2008. La delegada de Urbanismo, Estrella Gordillo, compareció ayer en rueda de prensa para "dar la cara" por lo ocurrido, para lanzar un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos afectados, y para reiterar que la actuación del equipo de Gobierno con respecto a esta promoción "se ajusta a la ley".
El juzgado emeritense anuló la licencia después de que una empresa, Proplan Plant Protection Company, propietaria de 27 de estas viviendas, recurriera la decisión del equipo de Gobierno de otorgar la licencia de primera ocupación y las cédulas de habitabilidad, argumentando que algunos de los servicios básicos de la promoción no estaban en marcha, como así reconocía el tribunal en su sentencia.
El ayuntamiento dio el visto bueno a estos requisitos tras obtener los informes técnicos favorables y tras aprobar una recepción parcial de la urbanización, que estaba condicionada a la posterior ejecución de las actuaciones pendientes por parte de la promotora. Gordillo sostiene que este es un procedimiento habitual, especialmente en los últimos tiempos. La recepción parcial es una figura reconocida por al Ley Extremeña del Suelo que facilita a las constructoras la venta de las viviendas. Al obtener los permisos de ocupación, como en este caso de una manzana, pueden venderlas sin necesidad de esperar a construir todas las viviendas programadas en la urbanización.
La delegada de Urbanismo subrayó que esta fórmula también la utilizaba el equipo de Gobierno del PP, como por ejemplo en Montealto, donde se hizo una recepción parcial de las obras de urbanización sin que la empresa hubiera realizado algunas dotaciones, como la guardería o el centro social, por lo que ha pedido al PP que no caiga en la "demagogia" de pedir su dimisión por este asunto.
En el caso de Prointisa, señala Gordillo, el problema se encuentra en que la empresa está en concurso de acreedores, motivo por el que el ayuntamiento ha ejecutado los avales depositados cuando inició la urbanización, con el fin de construir dos rotondas de acceso al residencial y un puente que salve el Albarregas que unirá María Auxiliadora con San Juan, que han quedado pendientes.
Las responsabilidades políticas que reclama el PP, y a las que se ha sumado IU, responden a que el equipo de Gobierno decidió otorgar la licencia de primera ocupación a estas 80 viviendas a sabiendas de que "las obras de urbanización estaban inacabadas y que los problemas en las edificaciones eran más que evidentes", según el portavoz del PP Fernando Molina. Los populares sostienen que este asunto puede derivar en una indemnización millonaria procedente de las arcas municipales a la empresa denunciante en el caso de que esta decida reclamar daños y perjuicios. Fuentes de la compañía señalaron ayer a EL PERIODICO que sus abogados continúan valorando esta posibilidad.
