XExn los últimos años se han sucedido las crisis políticas en diversos países de América Latina. En algunos, como hoy en Bolivia y Ecuador, con caídas de presidentes elegidos democráticamente. Una oleada de insatisfacción social parece sacudir la zona con señales de alarma para la democracia. Aunque las situaciones desencadenantes no son idénticas, ni los problemas de funcionamiento de las instituciones los mismos, hay rasgos comunes.
Un número considerable de ciudadanos han soportado sucesivas reformas económicas y financieras, acompañadas de procesos de ajuste severos, que no se han traducido en un incremento de su bienestar, sino en lo contrario. Vemos emigraciones masivas por la pérdida de oportunidades de empleo; limitaciones en el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria o a la vivienda; sentimientos de marginación de las mayorías sociales, como caldo de cultivo de la frustración ciudadana, de su desapego al sistema y de su rechazo a la política y a los políticos.
Las instituciones democráticas recuperadas en el último cuarto de siglo son incapaces de garantizar la seguridad física y jurídica. Falta transparencia y eficacia en el funcionamiento del Estado. La deuda acumulada resta a los gobiernos el margen de maniobra que necesitarían para abordar políticas sociales y de desarrollo, tanto en infraestructuras como en educación y atención a la salud, al tiempo que dificultan gravemente la inversión productiva.
Las luchas políticas partidarias cuestionan los elementos básicos de un consenso imprescindible para enderezar la situación y prever un futuro de desarrollo económico, social y político. Los sistemas democráticos son poco incluyentes y la gente los observa como un juego de élites enfrentadas del que se sienten marginadas o utilizadas.
Aun así, con enormes sacrificios, buena parte de los países han ido equilibrando su macroeconomía y se vuelve a vivir un momento de crecimiento económico, con expectativas nuevas. Los procesos de apertura económica han cambiado la realidad de las economías, que se enfrentan, como las del resto del mundo, a los desafíos de la globalización.
Preservar lo conseguido en las políticas macro es importante para dar certidumbre al futuro y no volver a los ciclos de inflación galopante, deudas insoportables y ajustes severos. Pero hay que considerar estas políticas como instrumentos para conseguir crecimientos sostenibles y generadores de empleo, no como un fin en sí mismas. Alcanzar este objetivo, estimulando la inversión privada, exigirá un esfuerzo constante para mejorar el capital físico y humano de la región, de modo que se eliminen cuellos de botella al crecimiento y se cuide en serio la variable estratégica más importante en la sociedad del conocimiento: la educación, la formación, la salud.
Pero sin reformas de fondo en el funcionamiento del Estado, la previsibilidad, la seguridad física y jurídica, las políticas de desarrollo económico y social, seguirán ausentes. Tentaciones populistas y bandazos en las políticas, sumadas a la ineficiencia en el funcionamiento de las instituciones y de los partidos políticos, producen desconfianza en los actores del desarrollo.
En este cuadro se producen las crisis institucionales más graves, con crecientes manifestaciones de malestar en las calles. En casi todos los países, incluso los que mantienen larvadas estas crisis agudas, la magnitud del esfuerzo necesario para afrontar los desafíos de la modernización y mejora del funcionamiento del Estado democrático, junto a la necesidad de orientar la economía hacia el crecimiento con empleo, a la mejora de las infraestructuras físicas y a la preparación de la juventud con más y mejor educación y más atención a la salud, plantea la urgencia de pactos nacionales entre los responsables políticos, económicos y sociales. Con apoyos de la sociedad civil, los medios de comunicación y los intelectuales.
Definir áreas básicas de consenso y comprometerse con ellas, sacándolas de las luchas partidarias, es tarea tan decisiva como inaplazable. Hay que concretar entre todos metas nacionales y comprender la dimensión regional --supranacional-- de esta tarea para mejorar el presente y ganar el futuro en la nueva civilización.
La paradoja es que la región reúne todos los ingredientes necesarios para incorporarse a los países que cuentan en la globalización: recursos energéticos, materias primas, juventud, trasfondo cultural importante y sistemas democráticos.
Aunque la realidad de cada país puede marcar diferencias en la elección de las reformas prioritarias, en todos hay que procurar reformas en la marcha del Estado, para mejorar la seguridad física frente a la criminalidad, haciendo de los cuerpos policiales y del poder judicial mecanismos eficientes para que la ciudadanía disfrute de sus libertades.
Asimismo, hay que aumentar la seguridad jurídica, con reformas legales que sean de fácil comprensión por los ciudadanos y eficaz aplicación por un sistema judicial independiente y moderno.
La eficiencia del Estado democrático en los servicios públicos para los ciudadanos en su condición de consumidores y usuarios, empresarios, trabajadores, actores sociales y culturales es imprescindible, como lo es la modificación de sistemas electorales y del funcionamiento de los partidos. Con ello y con la transparencia de las cuentas públicas se debería recuperar parte de la confianza perdida por la ciudadanía, abriendo cauces para una democracia más incluyente y participativa.
Objeto imprescindible de estos pactos nacionales deberían ser los elementos básicos de la política económica para el desarrollo. Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y preparar a los países para competir en la economía abierta en la que están insertos deberían ser finalidades compartidas. Hay que preservar, donde se haya conseguido, un equilibrio macroeconómico razonable, que dé prioridad a la inversión y diferencie de ésta los gastos corrientes que producen los grandes desequilibrios estructurales.
Las reformas fiscales tienen que orientarse a cumplir objetivos que no sean puramente recaudatorios. Por ejemplo, el crecimiento económico sostenido y generador de empleo como primer elemento de redistribución del ingreso y de igualación de oportunidades. Este crecimiento exige la inversión en infraestructuras básicas para el desarrollo (energía, comunicaciones, telecomunicaciones y agua, más vivienda), y la inversión en educación, en adaptación a las nuevas tecnologías y en I+D+i, así como en salud. Ambas políticas encaminadas a mejorar el capital físico y humano complementan el carácter redistributivo de las acciones de gobierno y preparan para la competitividad.
En la economía actual, la generación de la riqueza depende en gran medida de los actores privados, lo que exige comportamientos responsables socialmente por parte de los empresarios y comportamientos comprometidos de las administraciones públicas para estimular sus actividades y crear condiciones de confianza para la inversión.
Además, la falta de recursos públicos debe completarse con la atracción del ahorro privado y social en las políticas de infraestructuras y de mejora de los sistemas de formación de capital humano.
La región lo tiene todo para pasar de la situación actual a una de incorporación al desarrollo, con mejor redistribución de la renta y mayor capacidad de competir en la economía internacional. Los acuerdos nacionales y la voluntad decidida de crear ámbitos regionales de integración son la respuesta al desafío. Se puede y se debe hacer.
*Expresidente del Gobierno.
