XUxltimamente se están prodigando declaraciones de distintos responsables de algunas comunidades autónomas, presidentes incluidos, que no pueden por menos que llenarnos de perplejidad, es como si de repente se transformasen en líderes sindicales de carácter territorial, y que todo lo comprendido entre el cielo y la tierra, incluido el aire y el agua, les perteneciera. En el caso concreto del agua, las exageraciones, los maximalismos y los excesos de celo, pueden abrir brechas territoriales altamente indeseables, impropias de un Estado consolidado y maduro como es el nuestro.
El Gobierno ha obrado prudentemente al derogar la Ley del Trasvase Tajo-Segura, pero esto no se ha hecho porque el agua a trasvasar fuera de Aragón, que no lo es, o no se vayan a cubrir las demandas de Levante, que se van a cubrir, sino por otras razones, tales como la economía y el precio del agua y el menor impacto medioambiental. De igual manera que se entiende muy mal, argüir que como el agua pasa por aquí, es mía y me quedo con ella. Piensen que si castellano-leonéses y extremeños, apuraran la teoría y la aplicasen a las cuencas del Duero, Tajo y Guadiana, el contencioso con Portugal estaba asegurado. Ni siquiera en el feroz y trágico conflicto de Oriente Medio, los israelíes se atrevieron a consumar su máxima amenaza como era desviar las aguas del río Jordán, y desde luego por falta de recursos económicos y humanos no ha sido. Se imaginan con criterios de esta naturaleza, aplicados a dos ríos que vertebran Europa, como el Rhin y el Danubio, lo que hubiera supuesto para el desarrollo social, político y económico de los pueblos centroeuropeos, en particular, y por la extensión de sus efectos, a todos en general. El agua es un elemento básico de cohesión territorial, que va más allá de las fronteras de los Estados, no digamos ya de otros límites territoriales mucho más modernos.
Pero el agua es tan sólo un ejemplo ilustrativo del mal de exceso de celo . En algunos casos, se extrema, y ya no se trata simplemente de reclamar esto o aquello, sino de codecidir dentro del Estado, en alguna forma de cogobernar.
En un Estado democrático, como el nuestro, y con la Constitución en la mano, las comunidades autónomas tienen su propia representación en el Senado, el que esta representación se pueda y se deba mejorar, incrementando competencias y profundizando en las representaciones, es una tarea que desde la prudencia y la eficacia, este Gobierno debe acometer. Los ciudadanos como tales, tienen su representación directa en el Congreso, y si en un territorio son seis millones, pues tiene diputados correspondiente a esos seis millones, es más la representación en términos porcentuales de ciudadanos y territorios, es en nuestro sistema electoral muy generosa. Si a esto añadimos los mecanismos de toma de decisión del Gobierno, conferencias sectoriales en las políticas verticales, consejo económico-fiscal para asuntos económicos, y finalmente, el loable deseo de institucionalizar la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, unidos al deseo de incorporar representantes territoriales en los equipos que negocian las políticas económicas en la UE, en asuntos que les conciernan; es difícil encontrar más cauces de influencia territorial en las decisiones del Gobierno.
Si a alguien esto no le es suficiente, no será por falta de cauces, sino por otros motivos muy diferentes. Y tal vez, venga aquí al pelo, recordar las viejas prédicas del catalán Cambó , tan de actualidad, por otro lado, de no pedir lo imposible. Porque pedir lo imposible es pedir lo inconveniente. Máxime, si se defienden banderas de progreso, en las que los valores de paz y convivencia deben primar sobre cualquier otro.
*Ingeniero
