La Comisión Europea respondió ayer al plan de estabilidad del Gobierno español ampliando el plazo para alcanzar el objetivo de déficit del 3% hasta el 2016, dos años más tarde de lo inicialmente previsto. Además, el techo para este mismo año, que estaba fijado en el 4,5%, se eleva al 6,5%, dos puntos por encima, y dos décimas más que las aspiraciones de Mariano Rajoy. Estas medidas tendrán un efecto sobre los ajustes e incluso sobre el reparto de estos entre las administraciones autonómicas. En definitiva, se trata de decisiones positivas.

Podría pensarse que esas medidas se derivan de un cambio de la política económica de Bruselas para hacer frente a los efectos de la crisis a la vista de cómo la austeridad ahoga las economías, especialmente las del sur. Pero más bien parece que la Comisión ha llegado a la conclusión de que en el caso español no podrían cumplirse los objetivos y que, en consecuencia, procede una actitud más realista.

Ya que el Gobierno que preside Mariano Rajoy no sabe dónde ahorrar o no lo hace con la suficiente presteza, la Comisión no solo ha recordado a España las reformas que debe abordar, sino que cada una de las recomendaciones lleva su propio plazo de cumplimiento, su calendario. Una nueva escalada en el proceso de tutela sobre la gestión del país.

Junto a algunas propuestas razonables, como la adecuación paulatina de la edad de jubilación a la esperanza de vida, otras son abiertamente injustas. Después de constatar que en España la relación entre los ingresos tributarios y el PIB "sigue siendo de las más bajas de Europa" --la evidencia del tamaño del fraude fiscal--, lo que recomienda es que mejore la eficiencia del sistema aumentando el peso de los impuestos indirectos. O sea, no que mejore la lucha contra la economía sumergida sino que incremente los impuestos que gravan el consumo, al margen de las rentas de quienes los pagan. Además de señalar concretamente al IVA reducido para que el Gobierno lo aplique a menos productos que ahora, la Comisión quiere que se suban las tasas de los carburantes.

Hace apenas un mes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , anunció la subida de los impuestos del tabaco y descartó los de las gasolinas por sus efectos nocivos sobre precios y consumo. Una clara muestra de hasta dónde empieza a llegar la tutela y cuál es el margen de maniobra de Madrid.