El independentismo parlamentario catalán tuvo ayer una de esas fotografías en las que tienen depositadas sus últimas esperanzas: la de la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, declarando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la causa que tiene abierta tras permitir que se votaran las conclusiones de la comisión del llamado proceso constituyente pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. No está encausada por defender un debate parlamentario, como se repite una y otra vez, sino por desobedecer una resolución judicial en la medida que el Parlamento catalán se propone, como ha dicho explícitamente, transgredir la legalidad vigente. Ni la fiscalía ni los tribunales pueden obviar ese hecho como saben perfectamente sus promotores porque cimientan sus pactos parlamentarios precisamente en esa quiebra del marco legal.

Si no dudamos del carácter pacífico del movimiento político y cívico que ayer arropó a Forcadell a su llegada a los tribunales, hemos de entender que sus promotores son plenamente conscientes de que el camino emprendido no les lleva a ninguna otra parte que no sea la condena de los tribunales, la suspensión de sus eventuales acuerdos y la inhabilitación de los autores materiales de los hechos delictivos. Alguien podría pensar que la justicia debería esperar que las intenciones tomaran forma normativa, pero ello no sería más que aplicar la lógica política a la actuación judicial que debe producirse en tiempo y forma de manera sistemática.

Este nuevo episodio en los tribunales llega justo cuando el nuevo Gobierno de España ha puesto encima de la mesa una oferta de diálogo que los independentistas se han apresurado a desacreditar tras la declaración de Forcadell. Pretender que el diálogo desvirtúe la acción de la justicia es creerse las propias mentiras cuando se dice que España no es un Estado de derecho. Puesto que lo es, el diálogo ha de tener como primer objetivo hacerles desistir del camino emprendido hacia la ilegalidad con lo cual cesará toda acción judicial. Por ello, los promotores del diálogo han de ser conscientes de que es urgente que se materialice de manera tan visible como la acción de los tribunales. Mientras no sea así, se sucederán episodios como este, perfectamente calculado desde el campo independentista.