CRISIS EN EL PP
María San Gily la confianza
Alberto Ríos Mosteiro
Correo electrónico
Diez días después de aquella María que no confía en Mariano, del "María somos todos", o del PP que debía "estar donde esté San Gil", nos encontramos con una María San Gil que decide abandonar la presidencia de un PP vasco cada vez más crítico con su postura y con un Mariano Rajoy que, al parecer, "ha respondido con indiferencia" a este "adiós", una indiferencia que quizás tenga algo que ver con los últimos resultados electorales cosechados por alguien que lleva diez días proclamando que ha perdido la confianza en su presidente pero que en ningún momento se ha planteado qué ha pasado con la confianza que el electorado ha ido retirándole en los distintos comicios celebrados en los últimos años. Y es que el PP vasco ha perdido 47 escaños en las municipales, 5 escaños en las juntas generales, 4 escaños en el parlamento vasco y uno en las Cortes Generales. ¿Es María San Gil la más indicada para hablar de "pérdida de confianza"?
EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS
Insensibilizados
Alberto Vela González
Correo electrónico
Llego a la conclusión de que el subidón de precios constante de unos años acá no es culpa del euro: si hubiésemos seguido con las pesetas nos habría pasado lo mismo. Antiguamente, si se producía un aumento en el precio de los combustibles, los transportistas, amparados por los sindicatos, protestaban y hacían huelgas para evitar que el precio del gasóleo se encareciese. Si el carburante no subía, los precios de productos al consumo se mantenían. Pero el precio del gasóleo se ha incrementado tanto que incluso supera al de la gasolina. Da la sensación de que los sindicatos o han desaparecido o se dedican a otras cosas, porque, ante las subidas de los productos de primera necesidad, nuestro comportamiento llega a extremos de alarmante insensibilización.
¿ESTADO LAICO?
La dificultad de ser ateo
Hugo Barrón Sinde
Coria
Jacques Chirac siempre defendió el laicismo del Estado, amparado en un apoyo mayoritario de los franceses a esta garantía democrática y basado en una cultura histórica laicista que se remonta a la Revolución Francesa. Aquí en España, la cultura histórica nos mueve hacia el polo opuesto, es decir, hacia el proselitismo, en mayor o menor medida, de la cultura religiosa católica. En un país donde ser musulmán, animista, budista o católico es signo social de normalidad, el ser ateo supone, en opinión más o menos generalizada, ser visto como una especie de paria moral.
El pasado día 16 de mayo por la mañana, como parte del programa de la Semana Cultural del Colegio Público Camilo Hernández de Coria, se celebró una misa en dicho colegio. Como padre ateo, mi desilusión con la enseñanza disfrazada de laica que se imparte en este país y en Extremadura, es enorme. Misas en el colegio, excursiones a ver a la Virgen de Argeme u ofrendas florales, todo en horario escolar. ¿Garantiza el Estado una educación pública plenamente laica para nuestros hijos? No. Si el Gobierno tuvo la valentía y la cordura de aprobar una ley que garantizara el derecho a formalizar matrimonios homosexuales, ¿por qué no continúa en esa línea de fortalecer los derechos individuales legislando en favor de la total laicidad en la educación pública?
QUEJA SOBRE LA JUSTICIA
Reforma penal
Manuel Mas
Correo electrónico
Mis educadores me inculcaron el respeto por la justicia, pero hay sentencias que, aunque se respeten, se entiende por qué también se llaman fallos. ¿No es un fallo que a un violador de su propia hija se le condene a tres años y se le retire la patria potestad, que recuperará al terminar la condena? ¿No es un fallo que delincuentes de guante blanco, ayudados por prestigiosos abogados, prorroguen juicios hasta que prescriba el delito? ¿No es un fallo que un presunto delincuente acumule una gran cantidad de causas sin sentencia? ¿No es un fallo que el fiscal haga un paquete con 70 causas y, de acuerdo con los abogados --hablo del caso de Julián Muñoz--, todo quede en una condena mínima? Cada día cuesta más creer en la justicia. Es urgente reformar las leyes penales, pero sería importante que los legisladores decidieran que todo estafador, ladrón o malversador debe ser condenado a devolver hasta el último céntimo al perjudicado o a la sociedad; de lo contrario, que siga encarcelado el tiempo preciso hasta satisfacer el pago.
