El episodio del coche oficial del presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach, es otra muestra de hasta qué punto algunos políticos corren el riesgo de olvidar su condición de representantes liberados por la sociedad para ejercer funciones públicas. Tienen derecho a tener la dignidad correspondiente al cargo que ocupan, pero también la obligación de no confundir tal prerrogativa con la ostentación. Benach hizo bien en dar explicaciones sobre el coste de su coche oficial y en renunciar a los extras que convertían el vehículo en una oficina móvil de dudosa utilidad. El problema para el político catalán es que no estábamos ante una denuncia más o menos exagerada de la oposición o de la prensa amarilla. En esta caso fue la sociedad la que se escandalizó con el gasto de 9.200 euros para mejorar un coche que ya de por sí es de altísima gama. Y es que los responsables institucionales tienen también la obligación de dar ejemplo en el manejo de los recursos públicos. Y en este caso, una ciudadanía agobiada por la crisis tiene derecho a exigir más austeridad.
