Si el año pasado en las mismas fechas este diario consideraba la reforma de la Constitución como algo ineludible, el tiempo transcurrido solo ha hecho que reafirmar esa necesidad. Las consecuencias de la crisis económica y política convierten en inaplazable la inclusión en la Carta Magna de garantías sobre los derechos sociales y de mecanismos que regeneren un sistema político lastrado por la corrupción y por la obsoleta preponderancia de unas estructuras políticas desprestigiadas ante los ciudadanos.
Pero, sobre todo, es el debate territorial lo que urge la revisión constitucional para tratar de encajar de nuevo a las nacionalidades históricas en la arquitectura de un Estado que, según la encuesta del GESOP para EL PERIODICO, reconocen como plurinacional un 42% de los españoles, cifra nada despreciable. El segundo partido español, el PSOE, ha asumido ya de forma explícita la necesidad de la reforma, pero el Gobierno y el PP se niegan a plantearla. Mariano Rajoy dice que la Constitución no es un corsé, pero en la práctica se comporta como si reformarla fuera un tabú. Solo se ha retocado dos veces en 35 años, ambas por exigencia exterior, cuando la Constitución francesa de 1958, con solo 20 años más de vigencia, ha sido revisada dos docenas de veces. Es un dato que avala que la solidez no se consigue con el inmovilismo sino con la adaptación a las circunstancias. Y en España hay razones suficientes para la adaptación.
