Las cuentas públicas en un sistema democrático, y, por tanto, financiado por los impuestos de los ciudadanos, deben ser tan trasparentes como bien intencionadas. Pues bien, recientemente el Tribunal Europeo de Justicia negó el acceso a los datos sobre las dietas que cobran los eurodiputados. Previamente el Parlamento Europeo lo había denegado a la prensa, ante un requerimiento de diferentes medios de comunicación, en su intención, parece ser de conocer exactamente los distintos conceptos económicos que reciben los eurodiputados por su asistencia a las sesiones parlamentarias. La decisión del Alto Tribunal parece sustentarse en el hecho de que esa divulgación supondría un perjuicio para la protección de la intimidad e integridad de los europarlamentarios.
Resultado de ello está el hecho de que esos emolumentos --que provienen del dinero público-- no se harán públicos, esto es, a conocimiento directo del resto de ciudadanos.
Todo ello empezó con la petición de asociaciones de periodistas y medios de comunicación que en el 2015 pidieron exhaustividad en conocer las dietas diarias, de gastos de viajes, asistencia, así como otro tipo de contrapartidas, de carácter económico.
El Parlamento Europeo lo sustenta en el hecho de que esa divulgación puede causar un perjuicio a la integridad. Parece evidente que como principio pudiera ser entendible, pero negar a la opinión pública dónde van destinados sus impuestos, en las asignaciones de sus europarlamentarios resulta como mínimo poco entendible, algo opaco y fuera de toda lógica en relación a la trasparencia. Y más cuando esta sociedad, la europea, está sufriendo unos cambios tan paradigmáticos en relación a la total falta de confianza en su clase política. Y más cuando se piden desde sus iniciativas, en sede parlamentaria, la mayor transparencia.
La privacidad, sin duda, es un derecho y debe ser garantizado, desde el punto de vista del hecho individual, pero si enarbolar esa privacidad conlleva dar todo tipo de opacidad, en relación a no dar a conocer significativo presupuesto destinado a dietas y emolumentos en el cargo de la función pública, desde luego choca frontalmente con ese concepto de total trasparencia que tanto se predica.
Y no parece caber excusa cuando lo que se pedía eran cuantía y determinación de emolumentos que no necesariamente tenían que estar identificados individualmente y personalmente. De hecho, los periodistas sostenían que lo que querían saber eran conceptos individuales, por eurodiputado y no identificables.
Parece evidente que esta resolución, que podría ser entendible en la esfera de lo individual, no puede ser compartida cuando afecta a la financiación pública, vía impuestos. Y desde luego no corresponde con ese concepto de clara información sobre costes y gastos económicos de nuestros europarlamentarios. No se puede predicar la mayor de las radiografías económicas para los ciudadanos, y los legisladores reivindicar su privacidad a costa de presupuestos que deben ser públicos, siempre y en todo caso. Poco edificable resulta este tipo de decisiones de cara a una ciudadanía, que duda con excesiva frecuencia en torno al hecho de dónde van destinados los impuestos.
Pocos dudamos del concepto de privacidad que ha de resguardarse a la persona, pero si esa privacidad tiene que ver con el escenario de lo público la servidumbre ha de ser aguantada y asumida por nuestros representantes en los parlamentos.
