Nunca he pensado que mis hijos sean objetos de mi propiedad, pero sí que tengo la responsabilidad legal y moral de atender sus necesidades físicas, de educarles, de decidir por ellos mientras no tuvieron la capacidad de hacerlo y, en definitiva, de elegir lo mejor para ellos desde la libertad y las circunstancias de cada momento. Es de suponer que así lo hizo también la ministra Celaá, que eligió con total libertad el colegio que le pareció mejor para sus hijas, un concertado católico.

Sin embargo, el ejercicio de esa responsabilidad en libertad, no es reconocida por el Gobierno de Sánchez, bien alineado (o alienado) con la doctrina comunista: el derecho de los padres a educar a sus propios hijos no existe y el ser humano individual no pertenece a sí mismo sino a la sociedad. Por eso, la ministra Celaá considera que “los niños no son de los padres” y es, por tanto, el Gobierno el que sabe lo que realmente conviene a nuestros hijos, sin tener en cuenta la opinión de los padres ni del colectivo de docentes.

Lo que ocurre aquí es que el objetivo no es la formación integral del niño español, sino intereses menos honorables; quieren transformar la educación en una herramienta para conseguir su permanencia en el poder. Por ello, en la senda emprendida de limitación de las libertades por este Gobierno de coalición, la educación no iba a librarse y presentan esta aberración, este despropósito que es la “Ley Celaá”, incluso en su tramitación, sin informes preceptivos y sin consenso.

Los niños tienen el derecho a la educación y los padres el de la libertad de elegir cómo se les imparte; derecho que quiere secuestrar el Gobierno, asfixiando a la educación concertada e imposibilitando que los padres ejerzan esa libertad de enseñanza que les otorga la Constitución.

Pretenden eliminar, además, la enseñanza especial, haciendo caso omiso a las necesidades de los niños y desoyendo a sus padres que denuncian el perjuicio que esto supone. Imagino la angustia de las familias.

Y para obtener el apoyo de ERC al presupuesto, el español dejará de ser lengua oficial en todo el territorio nacional. Es un ataque directo a la forma de entendernos de todos los españoles, y de 700 millones de ciudadanos de todo el mundo; una agresión a nuestra cultura y a nuestro patrimonio.

Finalmente, esta Ley rebaja la calidad de la enseñanza, permitiendo pasar de curso a los alumnos sin tener en cuenta los suspensos, es decir, sin fomentar el esfuerzo, la capacidad de aprender ni el interés del niño por el conocimiento. Tendremos ciudadanos más fácilmente manipulables.

Yo fui a un colegio público, mis hijos a un concertado católico, y deseo que mis nietos estudien en el que escojan sus padres; eso significará que han sido libres para elegir, tal y como lo fue usted, señora Celaá.