WEw s inusual que los garantes de la justicia se sienten en el banquillo de los acusados y, por ello, casos como los de los jueces Calamita y Tirado adquieren gran relevancia social. Jueces y magistrados son los garantes de que la justicia --uno de los pilares de la democracia-- se aplique. Si ellos fallan, el sistema se tambalea. También es importante que los estamentos que se encargan de fiscalizarles apliquen la ley al milímetro para no trasmitir que la justicia no se aplica a todos por igual.

XEL CASO CALAMITAx Uno de los asuntos más polémicos está protagonizado por el juez de familia Fernando Ferrín Calamita. Ayer fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público y 6.000 euros de multa por retrasar de forma "maliciosa" --así lo dice la sentencia-- la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica de la niña (las dos mujeres eran matrimonio). El fallo añade que provocó el retraso con un manifiesto "desprecio a la orientación sexual de la adoptante" y violentando la ley para "imponer su conciencia y convicciones". El caso es especialmente grave por cuanto pone sobre el tapete hasta qué punto la ideología de un juez puede marcar sus actuaciones. El propio Calamita volvió a desenmascararse ayer al denunciar por escrito la "persecución" que sufre por "ser cristiano". En su opinión, "no hay libertad religiosa en España" y por ello anuncia que recurrirá al Constitucional e incluso "por qué no, también hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Se equivoca de raíz Calamita. Es inconcebible que un juez no entienda que sus convicciones religiosas no pueden marcar sus decisiones. Tiene que limitarse a hacer cumplir la ley, por encima de que esté de acuerdo o no con ella.

XEL CASO TIRADOx Otro puntal mediático ha sido el de Rafael Tirado, el magistrado que no ejecutó la sentencia que pesaba sobre el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido mantener la sanción de 1.500 euros que inicialmente le impuso como autor de una "falta grave de desatención". Se desestima así la petición de la Fiscalía que, después de que el Gobierno reclamara una pena más dura, recurrió la sanción exigiendo la suspensión del juez por tres años como autor de una falta muy grave. Es razonable que el padre de Mari Luz, el ejemplar Juan José Cortés, entienda que esta resolución represente una "vergüenza nacional", pero lamentablemente lo único que ha hecho el CGPJ es aplicar una normativa legal que no fuerza suficientemente a los jueces a garantizar que las sentencias que dictan se cumplan en tiempo y forma. Casos como el del juez Tirado invitan a endurecer los mecanismos judiciales y sancionadores para evitar que ocurra otro caso Mari Luz .