El Tribunal Supremo ha avalado la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y su reinhumación en el cementerio de Mingorrubio, dando la razón al Gobierno. Por fin se ha hecho justicia y la tumba del dictador dejará de estar expuesta en un mausoleo, y además alejada de donde yacen un gran número de represaliados de la sanguinaria dictadura que allí fueron enterrados por voluntad del dictador y sin consentimiento de las familias. Aunque tarde, el fallo viene a reparar una parte importante de la memoria de las víctimas del franquismo y sus familiares, y a reafirmar que un Estado democrático tiene las armas suficientes, si hay voluntad política y social, para normalizar situaciones históricamente anómalas impropias de una democracia moderna, y cultivar sus valores de manera que la historia perdone y repare, pero no olvide. Es un victoria, pero solo en parte. Espero que sea el principio del camino que aún queda por recorrer hasta la rehabilitación moral, económica y jurídica de las víctimas. Para ello, se debería ampliar la ley de Memoria Histórica para que permita con garantías resignificar el Valle los Caídos y exhumar los restos de las víctimas que allí permanecen de aquellas familias que los reclamen, la búsqueda de los miles de restos que quedan olvidados en fosas comunes y cunetas y la anulación de todos los juicios políticos y sus condenas. Y lo que se me antoja más complicado: que la derecha de este país reconozca el derecho de reparación de los damnificados de la guerra civil y la dictadura y deje de humillar a los familiares cuando habla despectivamente del tema aludiendo a «los huesos del abuelo».
