TLtas denuncias universales sobre vulneración de derechos sólo son posibles y creíbles en regímenes dictatoriales en donde el Estado de derecho no existe y, por lo tanto, tampoco cauces para defender el ejercicio de las libertades públicas con garantía y seguridad jurídica.
El PP se empecina en aplicar ese esquema y denuncias al Estado español después de más de 30 años de democracia y no se da cuenta de que definir al Gobierno como policial y dictatorial es una acusación metafísicamente imposible porque aunque el Gobierno tuviera la voluntad de llevar a cabo las conductas que denuncia genéricamente el PP, no podría hacerlo porque el sistema legal no se lo permitiría. Sería una corrupción universal de jueces, policías, fiscales, funcionarios públicos y periodistas de tal magnitud que equivaldría a la destrucción instantánea de las instituciones.
El PP sabe de sobra que si algún derecho fundamental se ha vulnerado en su perjuicio, tiene vías legales con todas las garantías para encontrar satisfacción y castigar a los presuntos funcionarios culpables. ¿Por qué actúa así? Su conducta es típica y exclusiva de los partidos antisistema que desconfían de la legalidad vigente, de las garantías jurídicas y denuncian un estado policial en el que el poder ejecutivo campa a sus anchas sin control jurisdiccional. Si el PP no rectifica, no sería descabellado pedir al conjunto de partidos democráticos el establecimiento de un cordón sanitario a su alrededor para que no contamine la democracia española.
