La crisis social y política desencadenada en Ecuador por la retirada de la subvención del precio de la gasolina pone sobre la mesa una vez más las desigualdades consagradas por comunidades duales, en las que la economía de supervivencia está más extendida que la de rentas. Los ajustes exigidos por el FMI al Gobierno de Lenin Moreno desnaturalizan el programa con el que se presentó a las elecciones para suceder a Rafael Correa y ponen en entredicho la viabilidad de la mayoría de promesas, lastradas todas por el peso insostenible de la deuda y la necesidad de financiación exterior. Un dato especialmente grave en el caso de la gasolina, porque su encarecimiento grava en cascada todos los sectores al encarecer el transporte público y privado, indispensable este último en un país con una red de servicios claramente insuficiente. Si los ajustes repentinos suelen castigar de forma especial a los más vulnerables, en el caso ecuatoriano van más allá de toda previsión los efectos que tendrán sobre las economías a precario, tan frecuentes y generalizadas en el mundo indígena. De ahí que el descontento sea especialmente activo y radical en esta parte de la población, alejada de los núcleos urbanos y de la política institucional. Y hace asimismo comprensible el disgusto de los afectados cuando se les prometen medidas compensatorias que en realidad no compensan nada, porque el precio de la gasolina se mantiene fuera de sus posibilidades en un país productor de petróleo.
