La Comisión Europea (CE) ha vuelto a convulsionar al sector tabaquero extremeño, abriendo expedientes sancionadores a industrias, cooperativas y agricultores por un supuesto pacto de precios entre 1996 y el 2001, que violaría la normativa sobre competencia. Y no es casualidad que el Ejecutivo comunitario haya elegido este mes de enero para enviar los denominados pliegos de cargos (acusaciones) a los veinte imputados. No hay que ser muy avispado para apreciar que este nuevo golpe se enmarca dentro de la estrategia de la CE de atacar directamente a la línea de flotación de un sector, el tabaquero, al que pretende recortar las ayudas, sin éxito, desde hace años. En primavera, los Quince volverán a reunirse para decidir si aprueban la reforma del sistema de subvenciones que propone la Comisión Europea, y que en la práctica supone sentar las bases para condenar al sector del tabaco a su desaparición a medio plazo. Para ir preparando el terreno, la CE ha elegido este momento, tras dos años de investigación, para enturbiar el ambiente negociador e intentar que sobre los tabaqueros pese una sospecha de ilegalidad que dista mucho de la realidad. Si se demostrara que el sector del tabaco ha actuado contrariamente a la legalidad comunitaria, que sea sancionado con dureza. Pero si se tira de la manta en el sector agrario, que se aplique el mismo rigor a todos los ramos de la actividad económica. Es de justicia.
