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Editorial

Y al final, la banca pagará

 

Menos de 24 horas después de que el Tribunal Supremo (TS) causara estupor e indignación al revertir la sentencia sobre quién debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de las hipotecas, Pedro Sánchez anunció que el Ejecutivo cambiará la ley para que sean las entidades bancarias quienes asuman el pago de la tasa. Con esta exhibición de reflejos, el presidente mitiga la ola de indignación ciudadana y las protestas que se estaban organizando contra el TS, encabezadas por sus socios parlamentarios de Podemos, en un momento políticamente muy delicado para el tribunal, en vísperas del juicio sobre el ‘procés’.

El Gobierno legislará sobre el impuesto por la vía rápida. Modificará la norma que regula la tasa con un decreto ley que se validará hoy y entrará en vigor el lunes, tras su publicación, mañana, en el Boletín Oficial del Estado. Habrá un proceso de convalidación en el Congreso (que servirá para comprobar la posición de la oposición más allá de las declaraciones), pero ello no impide que a partir del lunes tanto bancos como clientes sepan a lo que atenerse al firmar los créditos, evitando la inseguridad jurídica.

Por la vía del cambio de legislación, Sánchez no solo se apunta un tanto ante la opinión pública. Además, evita una tormenta de litigios, al cerrar la puerta a la retroactividad en la medida, y cierra la posibilidad de que desde Europa llegue otra desautorización a las prácticas de la banca. La decisión también sirve para desmentir a quienes, como hizo ayer mismo Quim Torra, han aprovechado el ciertamente desafortunado fallo de las hipotecas para dibujar una democracia española de baja calidad. Desde la esfera política, el Gobierno ha legislado de forma adecuada para evitar un fallo discutido y discutible. La fórmula del decreto ley es un aviso a navegantes respecto de la posible alternativa que tiene Sánchez para dar salida a medidas incluidas en los Presupuestos que no podrá aprobar si nada cambia.

En manos de la banca queda que el impuesto no acabe repercutiendo en el consumidor. No debería ser así. El desprestigio acumulado durante la crisis y sentencias como las de las cláusulas suelo deberían frenar ese tipo de tentaciones. La libre competencia debe permitir a los clientes discernir entre qué entidades asumen el impuesto y cuáles intentan repercutirlo en el consumidor.

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4 Comentarios
04

Por Tosapla 11:57 - 08.11.2018

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A mi juicio, el juntaletras que ha escrito la editorial precedente, tiene que ser despedido, porque, uno, si se ha creido lo que dice, su cacumen es tan corto que no merece estar en un medio tan importante como este, y dos, si comprende y entiende la verdad y escribe lo que escribe, es que no merece ninguna credibilidad, cosa que traslada al medio.

03

Por jordi motlló 9:31 - 08.11.2018

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La banca siempre gana. Siempre se ha dicho y es verdad. Si tiene que pagar el importe del impuesto de transmisiones patrimoniales de las hipotecas y demás oréstamos, lo pagará, oero luego emoezará, paulatinamente y sin que nos enteremos, a subir comisiones de las tarjetas, del mantenimiento de libretas, de descubiertos, etc. y ingresará (“recaudará”) más que antes. Jugada perfecta. A pagar los de siempre, estamos acostumbrados.

02

Por progre 9:09 - 08.11.2018

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Al parcial e ignorante editorialista, seguro, que le consta quien va a seguir pagando el impuesto sobre la constitucion de una hipoteca, lo sabe de sobra, pero como le gusta agradar al amo, escribe una editorial en la que ensalza la rapidez de reflejos de Sanchez. Dice tambien que mitiga la ola de protestas de Podemos cuando el deberia de saber que Podemos tenia en su programa que este impuesto lo pagara el que pide la hipoteca e incluso son partidarios de subir el impuesto. Que como todos sabemos tienen un beneficiario, las Comunidades Autonomas, que son quien lo recaudan.

01

Por vistacorta 8:48 - 08.11.2018

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Todos los políticos sin excepción que hablan sobre las hipotecas hacen populismo. Es de sentido común que cualquier impuesto que grabe a una empresa ó negocio, siempre termina pagándolo el consumidor del producto, y cuando se aplica con efectos retroactivos unos cobraran, pero los próximos consumidores pagaran lo retroactivo y la actual subida. Siempre que un impuesto no se aplica directamente sobre la persona acaba pagando el consumidor.