El cierre empresarial de grúas que empezó en el País Vasco en julio ha llegado a Extremadura y al resto de España por el desacuerdo del precio del servicio --las tarifas básicas son de hace 10 años-- entre la patronal aseguradora Unespa y las dos asociaciones que representan a los dueños de las 5.000 grúas que conforman el parque español. Existen pocos precedentes de cómo la relación desigual entre el cártel asegurador y la agrupación que representa a unos autónomos acaba siendo un nuevo castigo para los millones de automovilistas que pagan sus pólizas con el único derecho a cambiar de compañía.
Ahora hay prisas por solucionar un conflicto que debió evitarse desde un principio. El Gobierno ha empezado a ejercer la suficiente presión a las partes enfrentadas para exigirles que su litigio afecte lo menos posible a los ciudadanos. Mientras, es aceptable que las administraciones garanticen los servicios mínimos de retirar los vehículos que entorpecen la seguridad vial. Pero sin olvidar que después habrá que atacar la cuestión de fondo: el mercado privado no ha sido capaz de regular los precios del servicio de asistencia en carretera. Habrá que dictar normas para restablecer su buen funcionamiento.
