Catedráticade Hacienda Pública

Actualmente, en las Cortes se encuentra en tramitación legislativa el proyecto de ley de reforma de la financiación local. En materia impositiva, uno de los cambios más importantes que incorpora es la reformulación del impuesto de actividades económicas (IAE).

El IAE grava el mero ejercicio de actividades comerciales, industriales, profesionales o artísticas. Su característica principal es que es un impuesto tarifario o de cuota fija, es decir, que ésta se establece por la legislación estatal mediante elementos fijos característicos de la actividad (potencia instalada, número de obreros, población del municipio, superficie de los locales de negocios, etcétera).

Dicha cuota puede multiplicarse a voluntad del ayuntamiento por dos coeficientes: uno que depende de la población del municipio y otro que se aplica en función de la categoría de la calle donde se localiza el local de negocio.

El hecho de que el IAE sea un impuesto de cuota fija hace que desde un punto de vista técnico tenga un mal diseño. La carga fiscal no es proporcional a ninguna magnitud representativa de la capacidad económica (beneficios reales o volumen de negocios) de las distintas actividades, sino que se producen situaciones muy diferentes en cuanto a la presión fiscal soportada por cada negocio.

El proyecto de ley establece la exención del pago del IAE a las personas físicas y a las sociedades que facturen menos de un millón de euros al año. Además, establece un coeficiente de ponderación a aplicar sobre las cuotas que no quedan exentas, que oscila entre 1,29 y 1,35, dependiendo de la cifra de negocios de la actividad gravada. Asimismo, los ayuntamientos podrán aplicar sobre las cuotas resultantes otro coeficiente de ponderación según la categoría de la calle donde se ubique el negocio, que oscilará entre 0,4 y 3,8, unificándose, así, en un único coeficiente de situación el actual coeficiente poblacional y el de localización.

Con todo, la reforma del IAE no solventa las críticas a su actual diseño y plantea otros problemas.

Primero, se incrementan las cuotas entre un 29 y un 35% a las actividades económicas no exentas del impuesto de forma injustificada y técnicamente poco precisa.

Segundo, los municipios pierden autonomía tributaria al reducírseles la posibilidad de hacer políticas fiscales locales en un contexto donde su margen de autonomía ya se ha limitado con la ley de estabilidad presupuestaria, que les imposibilita acudir al déficit.

Tercero, se hace necesario compensar a los municipios por la pérdida de recaudación que la reforma supone (algunos pueden quedarse casi sin actividades sujetas al impuesto), ya que el incremento de las cuotas de las actividades no exentas es improbable que compense la pérdida recaudatoria.

Este último punto es importante, pues la no compensación o la compensación parcial pueden tener consecuencias negativas para las arcas municipales y para los propios contribuyentes. Los ayuntamientos tienen dos alternativas ante la merma de recursos. Una consiste en incrementar los otros impuestos municipales, gravando los locales de negocios a un tipo diferenciado en el impuesto de bienes inmuebles (IBI), ya que la reforma introduce la posibilidad de gravar la propiedad inmueble según sus usos, lo que en parte anularía el descenso de la presión fiscal que la reforma supone para los negocios exentos. Otra radica en reducir la prestación de los servicios públicos. Ni una ni otra de las alternativas parece adecuada.

El Gobierno, por medio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a compensar a los gobiernos locales por la pérdida de recaudación que supone la reforma del IAE con unos 900 millones de euros (la cifra que se estima que dejarán de ingresar las arcas locales), y a consolidar dicha compensación en los ejercicios presupuestarios futuros. También se comprometió a que el texto de la ley de reforma de la financiación local recogiera este acuerdo. Tales medidas son imprescindibles si se quiere evitar que el coste de la reforma que suprimirá parcialmente el IAE recaiga sobre los ciudadanos con el pago de más impuestos o con menos servicios públicos y de peor calidad.