El ictus se trata peor en Badajoz

Las enfermedades neurológicas son la primera causa de incapacidad y pérdida de autonomía personal, encontrándose en la cabeza de la lista los accidentes cerebro-vasculares o ictus. En las últimas décadas se ha experimentado un avance extraordinario en cuanto a su tratamiento: de patología incurable que en algunos casos confinaba a los pacientes a una silla de ruedas, a poderse tratar si se inyecta un fármaco en las primeras horas desde el inicio de los síntomas. Este fármaco se considera seguro si se aplican unos criterios de selección apropiados y puede suponer la recuperación de los déficits en más de un 30% de casos. Pero su tratamiento no se da en todos los hospitales. Desgraciadamente en la provincia de Badajoz no existe una unidad de ictus donde poder aplicar este tratamiento, remitiendo a los pacientes a la única unidad existente en Extremadura, en la provincia de Cáceres. Hace unas semanas me encontraba ingresado y mi compañero de habitación resultó ser un hombre que había sufrido un ictus mientras visitaba a un familiar en el hospital. De repente perdió la capacidad para hablar y mover el lado derecho de su cuerpo, y tras numerosas complicaciones iniciales, recibió el alta unos días después, donde dependerá de su familia de forma permanente. No dejo de pensar que si esto le hubiese ocurrido en Cáceres o en la mayoría de hospitales regionales del territorio nacional, tanto mi compañero como su familia hubiesen tenido al menos una expectativa de recuperación. Por tanto, considero indispensable plantear hasta qué punto las competencias sanitarias se diseñan para el beneficio de los ciudadanos, en ocasiones privados de tratamientos de primera necesidad. El acceso a los recursos sanitarios de forma equitativa debería ser una prioridad en el diseño de políticas sanitarias por parte de las sociedades científicas y gobernadores, quienes parecen velar más por intereses propios que por una progresiva mejoría de la calidad asistencial.