EL IMPUESTO DE SUCESIONES

En el campo de la Hacienda pública es doctrina asentada al día de hoy la que propugna medir la capacidad contributiva de las personas por tres elementos: la renta, el consumo y la riqueza. La renta (IRPF, sociedades) y la riqueza (patrimonio, sucesiones y donaciones) forman los elementos básicos de la imposición directa, aquélla que permite discriminar progresivamente a las personas en función de su nivel económico, mientras que el consumo, sobre todo el IVA, es el máximo representante de la imposición indirecta, la que nos trata a todos por igual, sea cual sea el nivel económico. En esta triada, conjugada con mayor o menor sensibilidad, se fundamenta el objetivo de la equidad fiscal, entendida como el vértice de un sistema de valores que propugna tratar igual a los iguales, y de forma desigual a quienes, por razones económicas, sean desiguales.

En los tiempos que corren, tiempos de inexorable caminar hacia una nueva cita con las urnas, por lo tanto tiempo de recapitulación y (a veces) de atrevidas ofertas programáticas, han aparecido ante nosotros una cascada de carteles y de páginas en prensa bajo el eslogan menos impuestos, más confianza , con sede en el PP y con destino, los ciudadanos; incluidos algunos que nos sentimos con deseos de analizar el verdadero alcance de una frase tan reducida, como sugerente, con fuerte impacto electoral. En esas andaba cuando sin tiempo de digerir las muchas deducciones comprometidas respecto al IRPF (insisto, impuesto directo), cuando la tercera convención sectorial del partido antes comentado (perdón, tras el anuncio de Mariano Rajoy, que se adelantó), ha propuesto la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones (otro impuesto directo, en este caso sobre el capital).

Tras dejar sentado, de pasada, que en ningún caso se nos hacen ofertas sobre los impuestos indirectos, los cuales siguen como están, por lo tanto con un mismo coste, por ejemplo en la gasolina, para el que esté en el paro como para el que tenga un gran capital, me centraré en la sorprendente oferta sobre las sucesiones y donaciones, oferta de supresión presentada como un maná que, según algunos medios, merece un apoyo generalizado. Pues, mire usted, no; algunos estamos en total desacuerdo. Por dos tipos de razones: por un lado, por el engarce impositivo de esta figura con el principio de la equidad fiscal (que debe prevalecer). Y por otro, por la demagogia con que se nos presenta la supresión el impuesto.

Desde el punto de vista de la equidad fiscal, baste expresar el pensamiento de los profesores García Villarejo y Salinas Sánchez, catedráticos de Economía Política y Hacienda Pública: "Se trata de un tributo especialmente adecuado para lograr un mayor grado de igualdad en la distribución de la riqueza entre los ciudadanos, y que viene exigido por la necesidad de dar contenido real al principio de igualdad de oportunidades que de forma más o menos expresa está reconocido por todas las constituciones de los países desarrollados".

La demagogia, sin paliativos, radica en los motivos de su supresión. En primer lugar, se nos dice que este gravamen no tiene sentido por llevar a la doble imposición. No es cierto, pues una cosa es gravar la adquisición onerosa (transmisiones), otra la mera tenencia (patrimonio) y una tercera la donación y/o donación (a título lucrativo). En segundo lugar, más grave aún, es intentar justificar la supresión con el argumento de favorecer con ello a las clases sociales modestas, porque las grandes fortunas lo evitan con ingeniería jurídico-fiscal . ¿Se viene a reconocer que los ricos lo eluden? ¿Y no se ha hecho nada hasta ahora? ¿Se pretende convencer con el argumento de buscar el interés de las clases medias y bajas? Como diría mi hijo, ¡qué fuerte¡ No obstante, hay una cosa cierta, las fortunas mientras más grandes sean mejor que mejor, ya ni siquiera tendrían que pagar a expertos en ingeniería fiscal.