Parecemos volver a las andadas en la descoordinación --culpable, por cierto-- entre la Administración central y las autonomías en una materia tan delicada como es el terrorismo. Ante el anuncio, por parte del ministro español del Interior, Angel Acebes, de que según sus datos ETA está efectuando una campaña de amenazas a operadores turísticos que trabajan en la costa mediterránea, policías autonómicos de algunas regiones han reconocido que ninguna instancia de la seguridad española les ha informado o alertado de ello. Casi resulta indiferente si este ocultamiento de datos se debe a una negligencia profesional de los servicios españoles o al sectarismo político de sus responsables. El resultado es el mismo: desinformación grave. Esa desinformación retarda la adopción de medidas especiales de investigación y prevención por parte de los agentes autonómicos e incrementa objetivamente el riesgo de que haya una desgracia. En la actual estructura plural de la seguridad española, este tipo de fallos en la cooperación y coordinación entre los diferentes cuerpos es un peligro para los ciudadanos. También es un despilfarro, ya que empuja a realizar en paralelo tareas y esfuerzos que ya efectúan otros agentes.
