Empieza el frío y se dispara el precio de la luz. Esta ecuación sería perfectamente lógica en un mercado totalmente liberalizado. Pero resulta más difícil de aceptar en un mercado regulado como es el de la electricidad en España. Una regulación que la suma de decisiones atomizadas a lo largo de los últimos 40 años ha convertido en una madeja opaca para los consumidores y contraproducente también para las empresas del sector y para los reguladores de la Administración. Sería deseable que el recién nombrado ministro de Energía, Álvaro Nadal, utilizara su profundo conocimiento del problema para encauzar una solución definitiva que acabe con los sucesivos parches.
Los consumidores tienen la fundamentada sensación de que se regula el mercado en contra de sus intereses y de que las oscilaciones del precio que les podrían beneficiar se vuelven en su contra. La realidad es que el precio de la luz en España es deudor de muchos compromisos que nada tienen que ver con la energía. Hace falta, pues, claridad: pagar los subsidios con cargo a los Presupuestos y no a los recibos, dejar de proteger al sector de sus ineficiencias y evitar que la gente no pueda pagar la luz.
