WCw ada vez que tiene poblemas, Nicolas Sarkozy vuelve por donde solía. Hundido en los sondeos, el presidente francés aprovechó varios episodios de violencia para lanzar hace dos semanas, en un discurso en Grenoble, su nueva política de seguridad, un apretón más de la mano dura que tanto le gusta.

Esa política se concreta estos días en la ofensiva contra los campamentos ilegales de gitanos rumanos y búlgaros. Unos 40 campamentos, de un total de 300, han sido desmantelados sin contemplaciones y sus ocupantes expulsados.

Rumanos y búlgaros son, sin embargo, ciudadanos comunitarios que gozan de libre circulación siempre que no atenten a la seguridad de un Estado miembro. ¿Practicar la mendicidad es un atentado a la seguridad? Para Sarkozy, sí.

No opina lo mismo el comité para la eliminación de la discriminación racial de la ONU, con sede en Ginebra, que critica a Francia por el recrudecimiento del racismo y la xenofobia.

Otra pata de esa política es la decisión de desposeer de la nacionalidad francesa a los delincuentes de origen extranjero que hayan atentado contra un policía o una autoridad y a los que practiquen la poligamia, la ablación del clítoris y la trata de personas o cometan delitos graves.

Sarkozy pretende también que el acceso a la nacionalidad de los hijos de los inmigrantes nacidos en Francia no sea automática si delinquen. Y la nueva ley sobre la violencia juvenil prevé que los padres de los menores delincuentes puedan ser condenados hasta a dos años de prisión por delitos cometidos por sus hijos.

Estas dos iniciativas han levantado una tremenda polvareda en Francia porque, sin lugar a dudas, despiertan muchos de los fantasmas del pasado. Entre esos fantamas, aparece, por ejemplo, el episodio en el que 15.000 franceses, entre ellos 7.000 judíos, fueron desposeídos de la nacionalidad por el régimen de Vichy.

El exprimer ministro Michel Rocard ha denunciado que condenar a los padres en lugar de a los hijos convierte la responsabilidad individual en colectiva, lo que no ocurría desde los nazis.

Es muy posible que muchas de estas medidas queden en nada --anuladas finalmente por el Consejo Constitucional--, pero el efecto buscado --ek de parar el golpe y tranquilizar a la opinión pública-- ya se habrá conseguido. A costa de que después se produzca, seguramente, una nueva decepción entre la población del país galo.