El Banco Central Europeo también sucumbe a las necesidades inmediatas: ayer, en Madrid, el tenaz defensor de que el principal riesgo para Europa es la inflación, Jean-Claude Trichet, olvidó su doctrina --en cuya defensa se encuentra cada vez más solo-- y reconoció que podría rebajar, posiblemente el próximo 6 de noviembre, los tipos de interés del euro, que actualmente se encuentran en el 3,75%. El mensaje del gobernador no puede ser más claro: lo más temible ahora es la recesión de la economía, no los precios. Aunque haya quien interprete esa medida como una nueva concesión a los especuladores, la decisión de abaratar el precio del dinero en la Europa del euro se antojaba una exigencia inaplazable: hasta el bastión que aparece como más sólido, que es Alemania, corre riesgo de caer en recesión, mientras que al mismo tiempo remiten los precios de las materias primas sometidos a la codicia inversora, sea el petróleo o el trigo. Un panorama suficiente para relajar la política monetaria. El crudo bajó ayer de los 60 dólares, una barrera que los países de la Opep no han podido evitar, a pesar de los esfuerzos para contener la caída del precio que se viene arrastrando en las últimas semanas y que permite pensar que, cuando se traslade al combustible, se generalizará el precio del gasóleo por debajo del euro.

Por su parte, el Gobierno español, después de aumentar la garantía pública de los ahorros de los particulares depositado en cajas y bancos, y de aportar, temporalmente, la garantía del Estado a las solicitudes de crédito que bancos y cajas hagan al sistema financiero internacional, ha puesto en marcha un tercer instrumento destinado a hacer que el sistema bancario salga del colapso en el que se encuentra. Una situación a la que ha llegado en parte por sus malas decisiones de años pasados, pero, sobre todo, por la extensión de un clima de pánico contagioso que cada día se aleja más de la realidad. Esta tercera medida, concretada ayer en la primera reunión del Consejo Rector del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) --que integran el vicepresidente Solbes y altos cargos de su ministerio-- ha propuesto prestar a las entidades financieras españolas, con la garantía de sus mejores inversiones, 10.000 millones de euros hasta final de año, en dos tramos mensuales de 5.000 millones. El fin de esta operación es que los bancos y cajas españoles más enganchados en la inversión en el sector inmobiliario dispongan de nuevo dinero fresco para prestar a las pymes y las familias. Un alivio para miles de ellas.

A pesar de ello, las dudas sobre la eficacia de este FAAF son razonables y cabe hacerse muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es seguro que la banca aportará al canje sus mejores inversiones? ¿Tiene el Gobierno equipos capaces de analizar las garantías que les van a ofrecer? ¿Servirá realmente para que los bancos presten a los particulares y se podrá evitar que lo utilicen para tapar sus agujeros? En todo el mundo occidental se alzan cada vez más voces que reclaman que no se rescate a los inversores desaprensivos. Aunque la misión del FAAF sea más sensata, su consejo rector debe tenerlo en cuenta.