Resulta difícil estar en desacuerdo con que hay que desterrar la denominada pena del telediario para los imputados y evitar la celebración de juicios paralelos en la opinión pública que puedan influir en el correcto ejercicio de la justicia. Pero el camino para lograr estos objetivos no puede ser bajo ningún concepto restringir la libertad de información con medidas como que los jueces puedan requerir a un medio el cese de la publicación de informaciones de un proceso judicial porque considera que compromete los derechos de los acusados.
Esta es una de las recomendaciones que ha planteado un comité de expertos designado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón , para incluir en la nueva ley de enjuiciamiento criminal y, pese a que el ministro dice que no se plantea ninguna ley mordaza, sí quiere "limitar cualquier perturbación sobre las actuaciones sumariales y las investigaciones". Poco tranquilizador, teniendo en cuenta la larga trayectoria del PP de atacar a la prensa que informa de las causas que afectan a los populares, estrategia que perfeccionó Federico Trillo y de la que Gallardón marca distancias poniendo el foco en el filtrador. La frontera entre el derecho a la información y la protección judicial nunca es clara, pero los conflictos no pueden regularse con una mordaza sino con criterios de proporcionalidad e interés general y con medidas de mejora de la justicia como acotar el plazo de instrucción y reducir los plazos del secreto de sumario.
