Creo que históricamente ha sido un error abordar la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos por separado en vez de, una vez definidas las competencias que se prestan en cada nivel de Administración, hacerlo simultáneamente y convergiendo en su acuerdo final. Temo que nuevamente este Gobierno pretende repetirlo.

El pasado 17 de enero se acordó en la Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado acometer las reformas de ambos sistemas; se crearon las correspondientes comisiones de expertos y, a día de hoy, sabemos que se quiere iniciar ya la negociación del modelo autonómico y dejar para después, si quedase algo para repartir, la del mundo local. Esto no solo sería un error, sino totalmente injusto con las únicas administraciones que durante la crisis han ajustado sus gastos y presentado todos los años superávits importantes que se han utilizado para compensar los déficit del resto de administraciones, especialmente de la General del Estado y la Seguridad Social.

Pero lo que produce indignación es que la interpretación que el Gobierno del Partido Popular ha venido haciendo de la llamada «regla de gasto» impide a los municipios y diputaciones utilizar esos ahorros, no pueden presupuestarlos y, por tanto, no pueden desarrollar inversiones para desarrollar programas y servicios que demanda la ciudadanía, ni siquiera poder recuperar lo perdido durante la crisis.

Cuando día tras día escuchamos al Gobierno hablar de recuperación y mayores ingresos, esta injusta e injustificada situación se convertir en totalmente insostenible. Es como si a una familia se le obliga durante años a reducir sus gastos y pagar sus deudas y, una vez que lo han hecho y sus ingresos son mayores que sus gastos durante cuatro años consecutivos generándoles una liquidez cuantiosa, se les impide utilizar esos ahorros, que son suyos, sencillamente porque otras familias todavía gastan más de lo que ingresan y el Sr. Montoro tiene que justificar ante Europa unos resultados globales. Se entiende pues el cada vez menos disimulado cabreo de esos municipios cumplidores y saneados.

Esta semana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una iniciativa del grupo socialista que pretende acabar con esta situación. El Partido Popular se ha opuesto, como siempre. Ahora esperamos que el Gobierno proceda con celeridad a cumplir el mandato del Parlamento y no busque nuevas excusas para seguir privando a nuestros gobiernos locales de poder usar lo que es suyo en beneficio de los vecinos, mediante políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de igualdad, de juventud… pero también en mejorar la economía con recursos (suman casi 30.000 millones) que ahora están ociosos y generarían riqueza y empleo para todo el país acelerando la recuperación económica.

Con esta iniciativa del grupo parlamentario socialista, a la que se han unido otros grupos, se pretende que el gobierno del PP cumpla sus compromisos en la Conferencia de Presidentes y con la Federación Española de Municipios y Provincias y resuelva de una vez por todas los problemas de financiación y función pública que los ayuntamientos llevan años reclamándoles, dejando de tratar a los mismos como una administración de tercera y respeten la autonomía que les reconoce el artículo 140 de la Constitución Española considerándolos como parte del Estado que son.

El Estado de Bienestar que durante los últimos cuarenta años hemos creado entre todos en nuestro país no hubiese sido posible sin el admirable y abnegado trabajo de miles de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que, desde esa primera trinchera de la democracia que son los municipios, han logrado que todos los vecinos y vecinas de los más de ocho mil pueblos y ciudades de España se sintiesen atendidos en sus necesidades. Todo ello sabiendo que tenían cerca a un responsable político que les escucharía y trataría de resolver sus problemas sin objetar si era o no su competencia. Igualmente, sin ellos, será imposible recuperar el deterioro producido en los servicios públicos por la política de austeridad excesiva impuesta en estos años de crisis.

Esta impagable buena labor debería ser suficiente para que se acabara de una vez la desconsideración que hacia ellos está teniendo el actual Gobierno y se atendieran sus justas demandas. Vamos a luchar por ello.