Si hay algo que los ciudadanos no entienden es que una de las primeras medidas de los representantes políticos al acceder a un cargo consista en subir los sueldos que hubiera con anterioridad. Muchos votantes creen que los concejales, diputados, etc. se aprovechan de sus cargos. Esa idea, que frecuentemente es solo un prejuicio y, por tanto, alejado de la realidad, resulta sin embargo demostrada en otras muchas ocasiones y actúa como una sorda labor de zapa en el edificio de la credibilidad de quienes rigen las instituciones. Porque es muy difícil convencer a un ciudadano de que sus representantes van a extremar el celo en la gestión de los fondos públicos, mensaje que pregonan a los cuatro vientos en el momento de pedir el voto, si empiezan a ejercer olvidando lo pregonado y subiéndose el sueldo hasta niveles inalcanzables para el común.
Este diario informó ayer sobre los sueldos de los alcaldes y concejales de las mayores ciudades de la región y la norma general es que el dinero que van a percibir es mucho más de la media de sus votantes y, sobre todo, que el incremento experimentado con la nueva legislatura es inalcanzable para quienes están sujetos a la subida marcada en un convenio colectivo. No es extraño, por tanto, que sean bien acogidas iniciativas como las de Izquierda Unida, que pretende que se elabore una ley general, que sirva para todos, y que establezca criterios objetivos para determinar los sueldos de los políticos. Seguro que algunos harían trampas para saltarse la norma, pero al menos habría un referente no determinado por la voluntad corporativa de los plenos.
