El PP parece dispuesto a cambiar de registro en su implacable tarea de oposición y ha empezado, coincidiendo con las turbulencias en los mercados financieros y con el mal dato del paro registrado en agosto, a poner sobre el tapete la evolución económica del país. Este era hasta ahora un territorio no visitado por el PP. Las espectaculares cifras de crecimiento, creación de empleo, superávit en las cuentas públicas y evolución de la caja de la Seguridad Social que podía presentar el Gobierno socialista apenas dejaban espacio para que Miguel Arias Cañete, portavoz para estos asuntos en el PP, hablara rutinariamente de la herencia recibida y del triunfalismo del Gobierno. Mariano Rajoy prefirió centrar su ofensiva en el 11-M, primero; el Estatut, después, y el diálogo con ETA, hasta hace unos meses.
Pero cuando se ha visto con claridad meridiana que los autores del 11-M fueron grupos terroristas de raíz islamista, que el Estatut no ha roto España y que el Gobierno no ha entregado Navarra a ETA, Rajoy no ha tenido más remedio que explorar otros caladeros. Y así, cuando faltan apenas seis meses para las elecciones legislativas, el debate central se sitúa en el terreno económico. Es una buena noticia. Al menos, se habla de asuntos concretos que interesan a los ciudadanos --vivienda, hipotecas, desempleo-- y no de conspiraciones, entelequias y esencias eternas.
El problema que puede tener el PP en este terreno es pasarse de frenada. Porque la política económica del Gobierno tiene flancos criticables, pero el balance global en este terreno --como ocurrió en las legislaturas de Aznar-- es lo suficientemente sólido como para ser impermeable a las exageraciones.
