La unánime indignación expresada por las organizaciones agrarias extremeñas y la Junta ante el nuevo texto de la reforma europea del sector pone de relieve hasta qué punto llega el peligro al que se enfrentan miles de familias de campesinos a medio plazo en la región. En la noche de ayer, diez de los quince ministros de Agricultura de la UE --entre ellos el español y sus homólogos de los países con más peso del continente, salvo Reino Unido-- rechazaban los términos de la nueva Política Agraria Común (PAC) que plantea la Comisión Europea y la Presidencia de turno (Grecia). Las diferencias sobre la futura PAC no son, sin embargo, de fondo. Se limitan a matices numéricos. Además los responsables del agro europeo están siendo presionados por los jefes de Gobierno para lograr hoy un acuerdo total, sin demora posible. Todo ello conduce a que los estados hagan concesiones que, según se vislumbra, en nada favorecerán al campo extremeño. Porque, en definitiva, la reforma de la PAC implica un recorte de ayudas en la mayor parte de los sectores agrarios y ganaderos, unido a un nuevo sistema de subvenciones que desincentiva al pequeño y mediano profesional del campo. El gran problema es que España dista mucho de ser un peso pesado en Europa y, aunque el veto a la revisión de la PAC está más que justificado en este caso, es previsible que el Gobierno español ceda en pos de un acuerdo transnacional.
