Finalmente, y después de múltiples filtraciones y rumores, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma parcial de la ley de propiedad intelectual, una iniciativa que previsiblemente entrará en vigor a finales de este año. El objetivo explícito de la reforma es luchar contra la piratería y establecer las adecuadas compensaciones que ayuden a blindar los derechos de los creadores en los ámbitos artísticos, audiovisuales y de contenidos intelectuales. Pero lo cierto es que las primeras reacciones de los directamente interesados --desde las entidades de gestión hasta los editores de periódicos, pasando por los propios internautas-- han sido contrarias a una decisión gubernamental, criticada por el casiinexistente diálogo con los sectores implicados. En el anteproyecto destaca la elevación a rango de ley del reglamento que suprimía el canon digital por la compensación por copia privada (una normativa que reduce drásticamente la recaudación), la propia reducción del concepto "copia privada" (del que se excluyen los intercambios de archivos p2p), la persecución de las llamadas webs de enlaces (con excepción de Google y otros buscadores) y el reforzamiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual, hasta ahora poco eficiente. Nadie parece satisfecho con la reforma en unos tiempos de indefinición que nos hablan de desprotección de los creadores de contenidos en un marco cambiante al que la legislación no da soluciones claras y, sobre todo, satisfactorias.
