Estimados lectores, escribo estas líneas en defensa de la Prisión Permanente Revisable.
La actualidad ha querido que el trágico suceso que ha convertido en protagonista al niño Gabriel coincida esta semana con el debate en el Congreso sobre la derogación de esta pena. Quizá esta coincidencia en el tiempo sirva para hacer entender a aquellos que no quieren ver --o no lo dicen abiertamente-- que primero está la víctima inocente y, después, todo lo demás.
De la posición de Ciudadanos mejor no hablo, porque este partido ha cambiado tantas veces de opinión sobre el tema que ignoro qué dirán mañana. Pero PSOE y Podemos se empeñan en defender que la Prisión Permanente Revisable es una cadena perpetua, y que es contraria a la reinserción del reo, que, según nuestra Constitución, es el quid de toda pena privativa de libertad. Desconozco qué parte de «revisable» no han entendido.
Esta pena privativa de libertad está sujeta a revisiones que pueden servir para que el reo recupere la libertad. Pero no automáticamente, porque ya se haya cumplido la condena, sino en aquellos casos en los que el preso haya demostrado capacidad de reinserción para volver a la sociedad. Porque lo que se pretende es, precisamente, evitar que estos asesinos y violadores pongan en peligro la seguridad de las personas.
Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha dicho esta semana, que la prisión permanente revisable no ha salvado la vida de Gabriel. Qué argumento más pobre. Claro que no, porque la persona que ha confesado su asesinato no había sido juzgada por ningún delito de asesinato. Pero lo que sí impide esta pena, es que la presunta asesina de Gabriel no vuelva a matar a ningún otro niño.
¿Qué ocurre con aquellos que no se reinsertan? ¿Cuántos casos conocemos de asesinos y violadores que han abandonado la cárcel, con un informe de los profesionales médicos constatando que esa persona no se ha reinsertado y que probablemente podría volver a cometer un delito? ¿Qué hacemos ante esta realidad? ¿La seguimos ignorando?
El 80% de la población española está de acuerdo con que se mantenga esta pena, hay tres millones de firmas, recogidas en las últimas semanas, que están pidiendo que no ignoremos esta realidad. ¿Los escuchamos o hay que seguir haciendo oídos sordos?
