Bien está que el Gobierno aproveche la experiencia acumulada por sus altos funcionarios. Pero recuperar ante una urgencia como la crisis de El Aaiún a un exministro a tres semanas de su cese como acaba de ocurrir con Miguel Angel Moratinos coloca a su sucesora, Trinidad Jiménez, en una situación cuando menos extraña. Parece que España tenga una secretaria de Estado de Cooperación, de viaje por Latinoamérica, con el título de ministra y a un experimentado colaborador externo haciéndole el trabajo ministerial. Este enésimo problema en torno al Sáhara pone de relieve, entre otras cosas, la incomodidad del Gobierno ante aquel contencioso --originado por el abandono en 1975 de lo que fue colonia española--, que se traduce en la dificultad de mantener la equidistancia entre las tres partes implicadas, Marruecos, Argelia y el Frente Polisario. Y no solo la incomodidad. También los desajustes. Que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, cometiera el error de hablar de soberanía marroquí sobre el Sáhara podría achacarse a su desconocimiento de un tema que no ha figurado nunca entre sus responsabilidades. Sin embargo, que para evitar pronunciarse claramente utilice el argumento de que lo ocurrido en El Aaiún nace de unas reivindicaciones sociales y que, por tanto, escapa al conflicto histórico del Sáhara no se puede admitir. El asalto al campamento y la violencia desatada merecen la condena del Gobierno de España. Y el conflicto en su totalidad, una política clara y decidida que ponga fin al equilibrismo que no solo es inoperante. Es injusto.
