+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Extremadura:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 
   
 
 

La trastienda // el artículo del director

Valdecañas, lo malo o lo peor

El informe del CSIC sobre el futuro del resort enclavado en este embalse apuesta por su derribo, pero deja algunas puertas abiertas

 

Valdecañas, lo malo o lo peor -

El gobierno extremeño tiene un problema. Se llama Isla de Valdecañas y su solución no depende de sí mismo sino de la decisión de un juez. O demolición o restauración medioambiental, pero lo que es hoy un resort de alto standing, alojado en medio de un embalse del norte extremeño, compuesto por un hotel, 300 villas y apartamentos, un campo de golf de 18 hoyos y un complejo deportivo con base náutica, zona de piscinas y playa artificial, podría irse al garete.

La cuestión es grave y pone en un brete a una comunidad autónoma incapaz de impedir un mal mayor al ya de por sí cometido. Porque hay un asunto que está claro: las cosas no se hicieron bien al principio, allá por el año 2006, y los movimientos ecologistas tuvieron y tienen toda la razón al denunciarlo. El problema es qué decisión adoptar ahora, porque volver a la situación anterior (básicamente una zona de eucalipto y pastizal) no deja de ser un contrasentido, lo mismo que emplear unos fondos de los que no disponemos (se cifran en 34 millones de euros) para ejecutar una actuación de derribo que supondría, además, crear una inseguridad jurídica que, por supuesto, viene fatal ante hipotéticas inversiones futuras. Todo ello con independencia de las millonarias indemnizaciones que habría que pagar desde las arcas regionales porque todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que decidieron invertir aquí su dinero lo hicieron después de los oportunos permisos o autorizaciones administrativas.

El informe del CSIC encargado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para determinar qué decisión deben adoptar los jueces sobre este espacio, se ha conocido esta semana. El mismo ha sido tomado por una parte, los ecologistas, como un triunfo. Y por la otra, la propiedad y la Junta de Extremadura, como una oportunidad. El susodicho informe no deja de ser un planteamiento técnico de la situación de partida y de lo realizado todos estos años, y aunque medioambientalmente no arroja dudas acerca de que lo mejor sería derribarlo todo eliminando la acción del hombre («es diez veces más dañino para el medioambiente que el recinto siga abierto», dice de forma taxativa), deja abiertas algunas puertas y resulta en determinados momentos hasta contradictorio.

LA HISTORIA de este emplazamiento es relativamente reciente. Las obras comenzaron en 2007 y partieron de un proyecto declarado de ‘Interés Regional’ (PIR). El mismo vino a aprobar recalificaciones de terrenos protegidos ambientalmente incluidos en una ZEPA. Después de dos sentencias que declararon ilegal este PIR (una del TSJEx en el año 2011 y la otra del Tribunal Supremo ratificándola en 2014), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx decidió acudir al CSIC para que arrojara luz sobre qué decisión adoptar. Ahora todas las partes disponen de 2 meses, hasta el 15 de marzo, para alegar cuestiones que crean convenientes a este informe. A partir de ahí, el juez decidirá, para lo cual en teoría ya no hay capacidad de alegato aunque siempre cabría agarrarse al argumento de que se trata de una sentencia de imposible ejecución. Conviene señalar que, en 2011, la Asamblea de Extremadura modificó la Ley del Suelo para esquivar este revés judicial en otros emplazamientos. Dicho de otro modo, de haberse iniciado hoy el proyecto de la Isla de Valdecañas este sería totalmente legal.

Es difícil aventurar el final. Y la papeleta del juez tampoco es fácil. Tiene que decidir entre lo malo y lo peor, pero la ley impera por encima de todo y esta vale tanto para el ciudadano de a pie como para la Administración. Así pues, cualquier cosa puede ocurrir aunque, lo que si está más o menos claro, es que las hipotéticas ampliaciones previstas tendrán que esperar y veremos si se ejecutan.

Al final, no deja de ser curioso que un pantano construido en pleno franquismo, entre 1957 y 1963 por Hidroeléctrica Española, que anegó 7.178 hectáreas y obligó a desalojar dos municipios (Talavera la Vieja y Talaverinos) --una aberración medioambiental provocada por la mano del hombre se mire como se mire-- generara una espacio ‘de naturaleza’ sin parangón hasta el punto de que en 2003 fue propuesto para declaración de zona ZEPA integrado en la Red Natura 2000. Y para rizar el rizo, que una ladera inundada por las aguas del embalse, cuando éste creció, se convirtiera en una isla o península que, repoblada de eucaliptos en buena parte, ahora resulte ‘lo mejor’ para recobrar su estado ‘natural’.